El imputado permanecía internado en el hospital San Martín desde el 19 de octubre, cuando sufrió heridas de arma blanca tras el disparo mortal. La Justicia ordenó su traslado a una unidad penal fuera de Paraná por razones de seguridad.
La jueza Marina Barbagelata dispuso 90 días de prisión preventiva para Yamil Cabrera, principal acusado del homicidio de Jazmín González, la adolescente de 16 años asesinada el 19 de octubre en el barrio Bajada Grande. La medida fue adoptada durante una audiencia este miércoles donde Fiscalía, querella y defensa coincidieron en la necesidad de que el imputado permanezca detenido mientras avanza la investigación.
El fiscal Laureano Dato, a cargo de la causa, explicó que la prisión preventiva fue otorgada luego de que médicos forenses certificaran que Cabrera se encuentra en condiciones de afrontar el proceso penal. «Recién hoy pudimos hacer la imputación formal porque el cuerpo médico forense y el psiquiatra forense definieron su estado de salud y emitieron el informe correspondiente», detalló el representante del Ministerio Público Fiscal.
Cabrera, quien permanecía internado en el hospital San Martín desde la noche del crimen por heridas de arma blanca sufridas tras el disparo mortal, fue evaluado por el médico forense José Luis Moyano y el psiquiatra forense Ramírez Arduh, quienes lo dieron de alta y declararon apto para cumplir la medida cautelar.
La defensa solicitó y obtuvo el traslado del acusado a una unidad penal fuera de Paraná, medida que fue calificada como «razonable» por el fiscal Dato. «En la Unidad Penal N°1 de Paraná se encuentran alojadas personas imputadas por la agresión que sufrió Cabrera, por lo que la defensa solicitó que sea trasladado a otro establecimiento carcelario», explicó el fiscal, sin revelar el destino por tratarse de información sensible.
Las pruebas reunidas por la Fiscalía incluyen testimonios de testigos presenciales y evidencias fílmicas que vinculan directamente a Cabrera con el crimen. Durante allanamientos en su vivienda, la Policía secuestró un revólver calibre .38 compatible balísticamente con el proyectil extraído del cuerpo de la víctima, según confirmó el análisis de Policía Científica.
El imputado optó por ejercer su derecho constitucional a no declarar en esta instancia. La investigación continúa con la recepción de testimonios y pericias complementarias, incluyendo informes de telefonía celular y nuevos análisis de Policía Científica que podrían consolidar la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. La prisión preventiva se extenderá hasta febrero de 2026.
