Conadu y Conadu Histórica convocaron a la medida de fuerza para reclamar la reapertura de paritarias y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Advirtieron que el conflicto podría afectar el inicio del ciclo lectivo 2026.
Los sindicatos docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica confirmaron un paro nacional de 72 horas que se desarrollará desde este miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre en todas las universidades del país. La medida de fuerza, decidida en plenarios gremiales, reclama la reapertura de la negociación paritaria y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
Las federaciones docentes advirtieron que, de continuar el conflicto, podrían afectar el inicio del ciclo lectivo 2026, en un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional. La relación entre el Ejecutivo y el sistema universitario público se mantiene tensa desde comienzos de 2025, particularmente por la suspensión en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Conadu explicó en un comunicado que la huelga fue definida tras una consulta nacional que incluyó a docentes de todo el país. «Fue total el acuerdo de los sindicatos en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza con la Ley de Financiamiento Universitario y en judicializar el reclamo por la apertura de paritarias», señaló la federación.
Por su parte, Conadu Histórica, que agrupa a más de 80 asociaciones de base, ratificó la medida de fuerza en su congreso nacional y subrayó que la protesta apunta a defender «la universidad pública, los salarios y las condiciones dignas de trabajo».
Aunque el Frente Sindical Universitario comparte el diagnóstico general, no hubo una postura unificada ante el paro. La FAGDUT, que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), declaró el «estado de alerta» y envió una carta documento al Poder Ejecutivo exigiendo la apertura urgente de paritarias. Otras organizaciones como FATUN y FEDUN aún no emitieron definiciones públicas, mientras que la Unión de Docentes Argentinos (UDA) optó por continuar el diálogo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El conflicto se judicializó luego de que el Gobierno promulgara la Ley de Financiamiento pero suspendiera su implementación, alegando que el Congreso debía determinar las fuentes de financiamiento. El Consejo Superior de la UBA cuestionó la validez del decreto presidencial por «afectar el sistema republicano de frenos y contrapesos» y «quebrantar la voluntad soberana del Congreso».
