Mediante la resolución 1751/2025, se ofrecerá el 44% de las acciones de la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, II y Embalse. Expertos advierten sobre pérdida de soberanía tecnológica y el impacto en el desarrollo nacional.
El Gobierno nacional inició el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares de Atucha I, II y Embalse, mediante la resolución 1751/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida, habilitada por la Ley Bases, dispone la venta del 44% del paquete accionario, mientras el Estado conservará el 51% y los trabajadores el 5% restante.
Diego Hurtado, físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, alertó que «el sector nuclear es una de las pocas escuelas que logró crear Argentina para el desarrollo de tecnología. Aunque la privatización del 44% puede pasar desapercibida en términos de impacto inmediato, el efecto en cadena termina siendo devastador: nos están llevando al subdesarrollo».
NA-SA, que provee el 7% de la energía eléctrica del país y registró un superávit de 17 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025, será valuada por la Secretaría de Energía mediante un inventario de bienes tangibles e intangibles. El Gobierno espera recaudar aproximadamente mil millones de dólares con esta operación.
Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista y experto en energía, señaló que la medida «responde a una injerencia de Estados Unidos que, a través del FMI, manda privatizar empresas estatales». En agosto pasado, el Fondo Monetario Internacional había solicitado al Gobierno que acelerara las privatizaciones y presentara un plan de desguace para noviembre.
La decisión contrasta con las tendencias globales. Mientras Estados Unidos relanza su industria nuclear mediante órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en mayo, y China construye 29 nuevos reactores nucleares, Argentina paraliza sus proyectos autóctonos como el CAREM y el RA-10, optando por asociarse al programa estadounidense First.
La oposición busca contrarrestar esta medida con la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico, que declara como bienes públicos estratégicos a las empresas del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa. La iniciativa ya cuenta con media sanción pero permanece estancada en el Senado.
