El Senado de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma fiscal que elimina el impuesto sobre la renta para trabajadores de menores ingresos y establece un tributo mínimo para las grandes fortunas, considerada una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La medida, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en octubre y recibió votación unánime en ambas cámaras, establece la exención total del impuesto sobre la renta para quienes perciban hasta 5.000 reales mensuales (aproximadamente 930 dólares) y reducciones impositivas para aquellos con ingresos entre 5.000 y 7.350 reales mensuales (unos 1.300 dólares). Según estimaciones oficiales, esta disposición beneficiará a aproximadamente 25 millones de brasileños.
Para compensar la pérdida de recaudación, la reforma crea un gravamen mínimo dirigido a las grandes fortunas, que afectará a personas con ingresos superiores a 600.000 reales anuales (113.000 dólares), con una tasa máxima del 10% para quienes perciban más de 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares). Este nuevo tributo considerará específicamente los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que constituyen la principal fuente de ingresos de los sectores más acaudalados.
El Ministerio de Hacienda brasileño calcula que el incremento impositivo afectará solamente al 0,13% de los contribuyentes. El senador Renan Calheiros, relator del proyecto, declaró que la medida busca hacer valer «el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más».
El presidente Lula celebró la aprobación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), calificando la jornada como «histórica» y destacando que representa una «victoria de la democracia y de la justicia social». Agregó que «el nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte».
Esta reforma fiscal constituía una de las promesas centrales de Lula durante la campaña electoral de 2022 y es considerada fundamental para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. El presidente deberá ahora sancionar la ley para que entre en vigor a partir del próximo año.
