El Tribunal Oral Federal N°7 inicia hoy el juicio por el caso Cuadernos con 87 imputados -entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y principales empresarios- acusados de asociación ilícita y coimas entre 2003 y 2015.
El proceso judicial, que se estima durará entre dos y tres años, reunirá a 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios entre los imputados. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta cargos como «jefa de asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo», según la documentación de la Procuración.
La base de la acusación se sustenta en los cuadernos del chofer Oscar Centeno -quien según declaraciones previas dijo haberlos quemado en una parrilla, aunque luego aparecieron- y los testimonios de 20 imputados colaboradores que suscribieron acuerdos bajo la Ley 27.340, que prevé reducción de condenas para arrepentidos que colaboren con la Justicia.
Lo que dice Centeno es que él acompañaba a su jefe, el dos de Infraestructura, Roberto Baratta, a retirar dinero de las empresas. Centeno admite que nunca vio la plata, pero igual en los últimos cuadernos, los que habrían sido dictados, evaluó cuánto podía haber en los bolsos. Una parte de la plata se habría entregado en el departamento de Juncal y Uruguay, donde Cristina y Néstor Kirchner vivieron antes de 2003 y volvieron en 2015. Es más, el encargado declaró como testigo y dijo que CFK no piso ese departamento en los 12 años en que vivió en Olivos. Aún así, será el principal argumento contra CFK. Lo cierto es que, si hubo entrega de bolsos, fue a un exsecretario, Daniel Muñoz -fallecido en 2016- a quien sí se le encontraron sociedades y propiedades en el exterior. Eso es materia de otra causa en la que se juzga a familiares y socios de Muñoz. Ni a Cristina ni a De Vido ni a Baratta se le encontró plata escondida o sociedades ocultas, pese a que las buscaron por todo el mundo hasta los fondos buitres.
Entre los principales imputados figuran Julio De Vido, acusado como «organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos»; Roberto Baratta, como «organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos»; y empresarios como Aldo Benito Roggio, Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Enrique Menotti Pescarmona y Armando Roberto Loson, acusados de cohecho activo por el pago de coimas.
El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como magistrado suplente luego de que se removiera a la jueza suplente original Gabriela López Iñiguez. La defensa de CFK, a cargo de Carlos Alberto Beraldi, recusó a Costabel argumentando parcialidad en el proceso de conformación del tribunal.
La fiscalía estará a cargo de Fabiana León, junto al fiscal coayuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. El fiscal federal Paul Starc representará a la Unidad de Información Financiera como querellante.
Debido a la cantidad de imputados -que incluye aproximadamente 200 abogados defensores- el juicio se realizará completamente a distancia, con transmisión parcial por el canal de YouTube de la Corte Suprema durante el primer mes. Las audiencias se desarrollarán inicialmente una vez por semana, de 9.30 a 13.30, dedicándose las primeras sesiones a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio que totalizan aproximadamente dos mil páginas.
En suma, la imparcialidad de la justicia es dudosa: magistrados que fueron a jugar al tenis con Macri o que visitaron a escondidas al expresidente en Casa Rosada o que jugaban al fútbol en su quinta o que él los designó a dedo o que hayan dictado fallos contra el peronismo. Nada aceptable en los mínimos parámetros internacionales de justicia.
El caso reúne cuatro expedientes principales que investigan supuestos delitos de asociación ilícita, cohechos y cartelización de la obra pública, aunque el megaexpediente por lavado de dinero -con un daño estimado de 70 millones de dólares en propiedades compradas en Miami y New York por la viuda de Daniel Muñoz- aún espera su elevación definitiva a juicio.
Las condenas potenciales varían desde un mínimo de cinco años para jefes u organizadores de asociación ilícita hasta penas de uno a seis años por cohecho activo, con posibles reducciones significativas para los arrepentidos que colaboraron con la investigación.
