La Defensoría Pública regional de Río de Janeiro confirmó que la cifra de fallecidos tras la operación policial lanzada el martes en la zona norte de la ciudad asciende ya a 132 personas, entre ellas cuatro agentes. El operativo, dirigido contra el Comando Vermelho —una de las facciones criminales más poderosas de Brasil—, se convirtió en la acción de seguridad más sangrienta en la historia reciente del país.
El nuevo balance fue divulgado este miércoles, luego de que habitantes de las favelas afectadas se movilizaran para rescatar más de 60 cadáveres en medio del caos y la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad. Los cuerpos, casi todos de hombres jóvenes, fueron reunidos en la plaza São Lucas, en el corazón del Complexo da Penha, una de las comunidades donde se concentró la ofensiva.
Vecinos en busca de sus desaparecidos
Desde las primeras horas del miércoles, funcionarios de la Defensoría acompañan las tareas de búsqueda junto a familiares y residentes, tanto en la Penha como en el Complexo do Alemão, otro de los blancos de la operación. Según un comunicado del organismo, sus equipos también están presentes en los institutos forenses para colaborar en la identificación de los cuerpos.
“Estamos recabando testimonios de los habitantes y de los familiares de las víctimas para contribuir a la necesaria respuesta institucional ante una violencia estatal nunca vista”, señaló la Defensoría en una nota oficial.
Las imágenes que circularon en redes sociales muestran escenas desgarradoras: cuerpos apilados uno junto al otro, mujeres llorando sobre el asfalto y vecinos intentando reconocer a sus seres queridos. Una madre relató entre gritos: “¡Policía asesina! ¿Dónde está mi hijo?”.
Otra mujer, con la voz quebrada, dijo haber encontrado a su hijo de 20 años con las muñecas atadas en la zona boscosa donde se registraron los tiroteos.
“Marcas de ejecución” y reclamos internacionales
La abogada Flávia Fróes, presente en el lugar, describió un panorama estremecedor: muchos cuerpos presentaban disparos en la nuca, heridas de arma blanca en la espalda y lesiones en las piernas.
“Fue una masacre. No hay otra palabra”, declaró. “Estamos ante el mayor episodio de violencia policial en la historia de Río de Janeiro”.
Las escenas llevaron a organizaciones de derechos humanos y activistas sociales a solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamando la presencia de observadores y peritos internacionales.
El activista Raull Santiago sostuvo que los familiares decidieron exhibir los cuerpos en la plaza “para mostrar al mundo en qué condiciones fueron hallados”. “Es una escena que entra en la historia del terror brasileño”, afirmó.
El operativo: 2.500 agentes, drones y armas de guerra
Según el Gobierno regional, la operación tenía como objetivo cumplir 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho. En el despliegue participaron 2.500 efectivos, apoyados por vehículos blindados, helicópteros y drones de reconocimiento.
Las fuerzas policiales informaron la incautación de 93 fusiles, media tonelada de drogas y la detención de 81 personas.
En un comunicado oficial, el gobierno de Río sostuvo que los sospechosos fueron abatidos al “reaccionar” frente a los agentes.
Sin embargo, los testimonios recogidos en las comunidades contradicen esa versión: muchos vecinos sostienen que hubo ejecuciones sumarias y disparos a quemarropa tras la rendición de los supuestos delincuentes.
Una ciudad en silencio
La magnitud del operativo transformó el paisaje urbano de Río. Calles vacías, bares cerrados y avenidas desiertas fueron la postal de una ciudad paralizada por el miedo.
“Parece la época del Covid”, dijo una mujer mientras caminaba de noche por la Praça Varnhagen, en Tijuca. “Todo está cerrado, todos se fueron temprano. Es una sensación extraña”.
La ola de violencia obligó a cerrar decenas de escuelas y centros de salud, y provocó interrupciones en un centenar de líneas de autobuses.
Incluso avenidas emblemáticas, como el Boulevard 28 de Setembro y la autopista Grajaú–Jacarepaguá, permanecieron cerradas durante horas. Hacia las 3:30 de la madrugada del miércoles, el Centro de Operaciones de Río anunció la reapertura de las vías, aunque el clima de tensión persistía.
Repercusiones políticas y sociales
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, reconoció que su gobierno maneja una cifra “oficial” de 58 muertos, aunque admitió que el número “seguramente cambiará”.
Castro defendió la actuación policial al afirmar que se trató de una respuesta a “una estructura criminal fuertemente armada que somete a miles de personas”.
Sin embargo, las críticas se multiplican. Legisladores, juristas y líderes sociales advierten sobre una escalada de violencia institucional y una política de seguridad “centrada en la eliminación física de los sospechosos”.
En paralelo, colectivos barriales denuncian la ausencia del Estado en las favelas, donde la población civil queda atrapada entre el fuego cruzado de bandas y fuerzas de seguridad.
Una herida abierta en el corazón de Río
Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y los forenses intentan identificar los cuerpos, Río de Janeiro vive una de sus jornadas más oscuras.
Las imágenes de los cadáveres alineados en la plaza, los testimonios de las madres y el silencio de las calles vacías revelan el costo humano de una guerra interna que, lejos de terminar, profundiza la fractura social y la desconfianza hacia las instituciones.
La ciudad más emblemática de Brasil amaneció en calma aparente, pero marcada por una pregunta que resuena entre los habitantes de sus colinas:
¿Cuántos muertos más costará la paz en Río de Janeiro?
