De acuerdo con los últimos datos del Indec, la informalidad laboral alcanza al 43,2% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025, lo que implica un aumento 1,6 puntos con respecto a igual período de 2024 y 1,2 puntos sobre el primer trimestre de 2025.
Según la consultora Invecq (que dirige el economista Esteban Domecq) esto tiene diferentes consecuencias: por un lado, los trabajadores informales perciben salarios más bajos y carecen de acceso a vacaciones, cobertura de salud, indemnización por despido, seguridad social, entre otros derechos. Por otro lado, se erosiona la base de ingresos del sistema previsional.
Los datos oficiales muestran que el 36,1% del total de trabajadores asalariados (personas que trabajan para un empleador) es informal, mientras que en el caso de los cuentapropistas (trabajan por su cuenta, sin depender de un jefe) el número asciende al 62,4%.
Los más jóvenes son los más golpeados por la informalidad: casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años se encuentra trabajando fuera de la formalidad.
Precarización
Al interior del sector registrado también se da una mayor precarización laboral. De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, entre enero de 2012 y junio de 2025 el empleo privado creció un 3,1%, mientras que el monotributo aumentó 64,8% y el empleo estatal, un 33,7%.
Visto de otro modo, de los 2 millones de puestos de trabajo formales creados en ese período, el 42,9% fueron empleos estatales; el 42,5%, monotributistas; y el 9,4%, privado.
En este contexto, Invecq señala que el aporte de los trabajadores formales sólo llega a cubrir el 70% de los gastos previsionales (pagos de jubilaciones y pensiones). Y agrega: “Para equiparar los aportes y contribuciones previsionales de un solo trabajador en relación de dependencia se requieren 27 monotributistas”.
Invecq sostiene que un factor determinante para el aumento de la informalidad está relacionado con “los elevados costos de contratación. Argentina presenta los costos más altos de la región, en torno al 70% (ligeramente por encima de Brasil)”.
Los litigios como excusa
Sin embargo, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, explica que “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”.
Para el especialista, “la enorme mayoría de los reclamos laborales son sencillos y se evitarían si los empleadores cumplieran con la ley”, pero señala que “el problema es otro: muchas empresas, sobre todo pymes, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores: tipo de cambio, infraestructura deficiente, mercado interno cada vez más pequeño, etc”.
Y completa: “Al no poder reducir costos por esta vía, muchos empleadores recurren a incumplir con la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Todos los trabajadores priorizan mantener su puesto de trabajo”.
