La unidad y la organización del colectivo de personas con discapacidad, junto a sus familias, prestadores y la comunidad en general, lograron visibilizar un reclamo que consideran justo: la Ley de Emergencia en Discapacidad no es una concesión ni un favor, sino un derecho reconocido y una obligación del Estado.
En todo el país se multiplicaron las expresiones de apoyo: plazas, escuelas, instituciones y medios de comunicación fueron escenario de una lucha destinada a poner en primer plano a quienes muchas veces permanecen invisibilizados. Concepción del Uruguay también formó parte de esta movilización, que fue impulsada por el Consejo Asesor de Discapacidad Ampliado y contó con un fuerte respaldo ciudadano.
El momento decisivo se vivió tras una vigilia bajo la lluvia y una masiva concentración frente al Congreso, donde finalmente la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto presidencial a la norma. Desde el Consejo expresaron su reconocimiento a los legisladores que acompañaron la medida, calificándola como “el primer paso para detener la crueldad hacia las personas con discapacidad”.
No obstante, recordaron que aún resta la confirmación del Senado para que el veto quede definitivamente sin efecto. “No bajamos los brazos. Redoblamos los esfuerzos para seguir manifestando que la Ley de Emergencia en Discapacidad debe tener aplicación efectiva. La vida y la dignidad de las personas están en juego”, señalaron desde el organismo.
