Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, considerada por la magistrada como “mal ejecutada”. La causa lleva una década de tramitación y el monto fijado en el fallo asciende a 16.100 millones de dólares, más intereses diarios superiores a los 2 millones de dólares.
El tribunal analiza tres escenarios posibles:
1. Aceptar la cautelar y permitir que Argentina mantenga suspendido el traspaso de las acciones, mientras avanza el proceso.
2. Rechazarla y ordenar la ejecución de la entrega, lo que abriría la posibilidad de embargar otros activos si no se cumple.
3. Mantener la cautelar, pero reemplazar las acciones por otros activos equivalentes, como bonos de mediano o largo plazo.
Si la Corte no concede la suspensión total, el Gobierno argentino tendría dos caminos: negociar un acuerdo con los acreedores o desobedecer el fallo, lo que podría derivar en un desacato judicial, embargos sobre reservas del Banco Central y restricciones para acceder a los mercados internacionales.
Un juicio que nació de la reestatización de YPF
La disputa legal se originó en la reestatización de la petrolera, aprobada en mayo de 2012 mediante la Ley N° 26.741, que permitió al Estado expropiar el 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF. La controversia no cuestiona el derecho de Argentina a expropiar, sino que denuncia que el Gobierno no realizó la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la empresa, perjudicando a inversores que compraron acciones en Nueva York.
El Grupo Petersen, que poseía el 25% de YPF con financiamiento de Repsol y bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank, quedó en quiebra al suspenderse el pago de dividendos tras la nacionalización, lo que impidió saldar sus deudas.
En 2015, los derechos de litigar fueron subastados en España y adquiridos por Burford Capital, firma especializada en financiar pleitos. Aunque no es propietaria de las demandas, se quedará con el 70% de lo que se cobre, destinándose el 30% restante a la quiebra de Petersen. Sin embargo, debido a las deudas del grupo, la familia Eskenazi —según fuentes cercanas— no recibiría fondos directos, pese a haber invertido 100 millones de dólares en la operación original.
La decisión que adopte la Corte de Apelaciones será clave para definir el margen de maniobra de la Argentina en una de las disputas judiciales más costosas de su historia.
