Tras una medida cautelar presentada por el gremio Sevina, la Justicia resolvió suspender por un período de seis meses la aplicación del decreto que ordena la disolución de Vialidad Nacional.
Frente a esta resolución, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy que el Gobierno apelará la decisión judicial. El funcionario lo comunicó a través de su cuenta en la red social X, confirmando que buscarán revertir la suspensión del decreto.
La semana pasada, Adorni había comunicado desde Casa Rosada la decisión del Ejecutivo de cerrar de manera “definitiva” la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia de Seguridad Vial. Según el vocero, estos organismos representaban uno de los principales focos de “corrupción en la obra pública”.
En ese anuncio, se explicó que las funciones de diseño y planificación de la infraestructura vial pasarán a ser responsabilidad de la Secretaría de Transporte y otras dependencias del Ministerio de Economía. A su vez, el control de las concesiones quedará bajo la órbita de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Vialidad Nacional era el organismo técnico encargado de proyectar, construir, mantener y supervisar la red vial del país. Su labor se enfocaba en asegurar la conectividad territorial mediante rutas seguras y eficientes, incluyendo corredores clave para el transporte productivo y turístico.
En paralelo, el Gobierno libertario reformuló también la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que fue rebautizada como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
