La distribución de los ingresos revela que los hogares con menores recursos suelen estar conformados por un mayor número de niños y jóvenes en comparación con aquellos de mayor poder adquisitivo.
Los datos de pobreza del segundo semestre del año pasado, publicados por el INDEC, resultan alarmantes: el 52,7% de los niños, niñas y adolescentes vivían en situación de pobreza monetaria, medida a partir de los ingresos familiares.
Desde diciembre de 2016, la pobreza infantil ha permanecido por encima del promedio general, lo que refleja una vulnerabilidad estructural persistente que no se corrige con el tiempo, según señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA), dirigido por el economista Jorge Colina.
Las dificultades que enfrentan los hogares con niños y jóvenes en situación de pobreza van más allá de la falta de ingresos.
Esto tiene efectos estructurales significativos, como el hecho de que en una de cada cuatro familias no haya ningún integrante que haya completado la educación obligatoria, lo que limita gravemente el acceso a empleos de calidad.
Asimismo, el acceso a la universidad es menor entre los jóvenes de bajos ingresos: solo el 22% logra ingresar, frente al 33% de los sectores más acomodados. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del último trimestre de 2024 confirma esta brecha.
En términos de empleo, la tasa de desocupación entre jóvenes de 14 a 29 años alcanzó el 13,1%, mientras que entre los adultos de 30 a 64 años descendió al 4,5%. En otras palabras, el desempleo juvenil triplica al de los adultos, una tendencia que se mantiene en el tiempo.
Durante el tercer trimestre de 2024, el 45,1% de los jóvenes ocupados trabajaba en condiciones de informalidad como asalariados, cifra que entre los adultos baja al 22,2%. Si se suman los trabajadores no profesionales que operan como cuentapropistas, el porcentaje de jóvenes en la economía informal asciende al 62,4%, en comparación con el 40,4% de los adultos.
En cuanto a infraestructura básica, la mitad de los hogares con niños en situación de pobreza carece de acceso a gas de red, y el 14% no cuenta con conexión a agua corriente.
Además, más del 42% de estas familias depende de ayudas sociales para cubrir sus necesidades básicas, lo que evidencia una alta vulnerabilidad y una fuerte dependencia del Estado para subsistir.
Un estudio de la UCA con datos de 2023, titulado «Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023», señala que casi un tercio de los niños y adolescentes del país no puede acceder a una alimentación variada y nutritiva debido a restricciones económicas.
En términos de salud, el 55,8% de los niños y adolescentes analizados no cuenta con cobertura médica privada, por lo que depende exclusivamente del sistema público de salud.
Por otro lado, el 39,5% de estos menores vive en condiciones de precariedad, sin acceso a servicios esenciales como agua potable, cloacas o instalaciones sanitarias adecuadas.
En cuanto a la conectividad y acceso a tecnología, dentro del grupo de 5 a 17 años, el 17,8% no tiene acceso a Internet, el 24,4% no lo utiliza, el 51,1% no dispone de un teléfono celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora.
La combinación de bajos ingresos, falta de servicios básicos, empleo precario y un nivel educativo limitado configura un escenario de vulnerabilidad multidimensional que restringe gravemente las oportunidades de desarrollo de millones de niños y niñas en el país.
