«Pese a que los trabajadores somos actores principales en esta iniciativa, hasta el momento no hemos sido convocados para expresar nuestra postura», cuestionó la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, en referencia a un proyecto de ley que busca establecer capacitaciones obligatorias en salud mental para agentes de los tres poderes del Estado provincial, que será analizado este miércoles 13 en la comisión de Salud de Diputados.
«Tenemos muchas dudas y necesitamos analizarlo», subrayó. Existen al menos tres proyectos de ley en la Cámara de Diputados referidos a la salud mental y los consumos problemáticos. Uno de ellos –que será abordado en la comisión de Salud esta semana– es autoría de la diputada Silvia Moreno y dispone capacitaciones obligatorias en salud mental para todos los agentes de los tres poderes del Estado entrerriano.
Los otros dos se relacionan más específicamente con los consumos. La diputada Gladys Salinas propone, como requisito para la permanencia de funcionarios en sus cargos, «la ausencia de consumo problemático y/o adicciones a drogas ilegales»; mientras que la diputada Gabriela Lena promueve el control a funcionarios mediante narcotests.
«Es un tema delicado, indudablemente actual y que es necesario abordar», sostuvo Domínguez sobre esta problemática. Pero remarcó: «Tenemos que pensar si estas iniciativas de carácter legislativo son suficientes para dimensionar la situación actual y darle una verdadera solución, o si tenemos que apuntar a políticas públicas en un entorno social complejo, con un gobierno nacional al que sólo le interesa el ajuste y que deja a la deriva todo lo relacionado a la salud mental de la población».
Por ese motivo sostuvo que «dada la complejidad del problema, antes que una ley, sería más acertado generar en la provincia una política de Estado que construyamos entre todos». «No estamos a favor ni en contra de estas iniciativas, pero tenemos muchas dudas y necesitamos verlas con los trabajadores. Esperamos ser escuchados en la comisión», expresó además.
En ese sentido, solicitó que «no se tomen decisiones apresuradas, porque después o bien no se cumple la ley, o bien hay que modificarla». «Desde UPCN no queremos dar un juicio apresurado, porque si bien involucra a los trabajadores, el problema es más profundo y abarcativo y tiene diversas connotaciones», expuso la dirigente gremial.
