Se trata de regulaciones sobre la deforestación que afectan las ventas de soja y carne. Debido a la presión de países productores de materias primas, la Comisión Europea planea extender por un año su legislación sobre la deforestación a nivel global.
Esta medida impacta las exportaciones argentinas de soja y carne en aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales. La Unión Europea (UE) había impuesto requisitos para asegurar que los productos importados estén libres de deforestación, los cuales debían entrar en vigor en 2025, pero han sido cuestionados por diversos países y sectores productivos.
En Argentina, esto representaba un fuerte golpe a las exportaciones de carne y soja. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el promedio de exportaciones de carne a Europa entre 2021 y 2023 fue de 462 millones de dólares, lo que representa el 14% del total exportado por este sector. En el caso de la soja, durante el mismo período, las exportaciones fueron de 3.556 millones de dólares, equivalentes al 20% de más de 17.000 millones generados por este sector.
La regulación de la UE estaba programada para entrar en vigor el 30 de diciembre, pero ahora se pospondrá un año, lo cual ha sido destacado por la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA). Esta entidad señaló que es necesario revisar la segregación física y el reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques, entre otros aspectos.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la decisión de la Comisión Europea de retrasar y reevaluar la aplicación de la norma 1115/2023 relacionada con la deforestación de productos destinados a ese mercado. La SRA ha expresado su rechazo tanto a nivel nacional como internacional, participando en diversas reuniones con organizaciones de otros países.
«Después de dos años de intenso trabajo, hoy vemos un avance que parecía imposible», comentó la entidad. Este aplazamiento deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y los 27 estados miembros para hacerse efectivo.
Si se aprueba, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. Los productores argentinos creen que este año adicional permitirá una adaptación gradual y una correcta implementación del reglamento.
