Como había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno publicó una resolución en el Boletín Oficial que prohíbe a los municipios incluir tasas locales en las facturas de servicios públicos como agua, gas y electricidad. De acuerdo con una fuente oficial cercana a Caputo, esta medida pretende obligar a los intendentes a hacerse responsables de los impuestos que recaudan. La resolución, que ya había suscitado críticas de algunos alcaldes, ahora se formaliza, intensificando la controversia sobre la distribución de recursos entre distintas jurisdicciones.
En su cuenta de la red social X, Caputo escribió: “Las facturas de servicios esenciales deben incluir únicamente la descripción y el costo del servicio contratado por el consumidor, prohibiéndose la inclusión de cargos ajenos a la naturaleza del servicio”. Acompañó su mensaje con una imagen de una factura de electricidad de un municipio bonaerense, mostrando dos columnas de ítems con sus respectivos costos. La primera columna detalla el gasto en electricidad, subsidios e impuestos nacionales, sumando $12.838,19. La segunda columna incluye cargos por servicios públicos no relacionados con el suministro eléctrico, como tasas municipales y aportes a cooperativas, totalizando $11.109,14. Caputo señaló que, según la nueva resolución, solo los $12.838,19 vinculados al servicio eléctrico deberían aparecer en la factura.
La resolución, publicada bajo el número 2024-267 de la Secretaría de Comercio, dirigida por Pablo Lavigne, establece en su primer artículo que las facturas emitidas por proveedores deben detallar exclusivamente el bien o servicio contratado por el consumidor. La resolución también establece que las empresas de servicios públicos deben informar a los usuarios sobre su derecho a reclamar indemnización por cargos indebidos.
Esta medida ya había sido anticipada por Caputo la semana pasada, cuando criticó a los intendentes, especialmente a los del conurbano bonaerense, por incrementar tasas con fines recaudatorios y políticos, escondiendo estos aumentos en las facturas de otros servicios.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, respondió a Caputo, acusándolo de mentir y señalando que las políticas económicas que él y Javier Milei están llevando adelante perjudican a los ciudadanos.
El debate se intensificó con las quejas de diversos sectores sobre el aumento de tasas. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) expresó su alarma por el impacto de los tributos provinciales y municipales en los precios al consumidor, mientras que la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) advirtió que estos aumentos podrían intensificar la inflación y reducir las ventas.
El planteamiento de Caputo podría tener una aplicación “parcial” en el país, ya que las provincias regulan los servicios de luz y agua, mientras que el gas natural depende del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Muchos de estos servicios son administrados por provincias. El constitucionalista Antonio María Hernández cuestiona la medida, argumentando que es “inconstitucional” y que infringe el artículo 123 de la Constitución, que garantiza la autonomía financiera de los municipios.
Funcionarios de varias provincias indicaron que la resolución deberá ser revisada en detalle, pero sostuvieron que la regulación de servicios públicos es competencia provincial o municipal, y que la Nación no puede imponer cambios sobre leyes provinciales o ordenanzas locales.
En Santa Fe, por ejemplo, el ente regulador provincial no ha adherido completamente a la ley del marco regulatorio eléctrico nacional, y un funcionario indicó que la Nación podría sugerir adherir a la resolución, pero no modificar leyes provinciales a través de ella. El vicepresidente de Cadam, Armando Farina, señaló que, aunque los municipios tienen autonomía, podría ser posible evitar que se cobren tasas a través de las facturas de servicios.
Federico Sturzenegger recordó que la facultad de los municipios para cobrar las tasas, que ahora se cuestiona, fue implementada por Domingo Cavallo en los años 90, siguiendo una idea del actual ministro de Desregulación.
