Los gremios docentes protagonizaron la agenda pública y profundizaron las medidas de fuerza. Salarios, descuentos y caja de jubilaciones. La imagen positiva del Gobernador se tensiona con las dudas sobre el desempeño de la gestión provincial, a la par de las incertidumbres del programa de Milei. Fragmentación política en Entre Ríos y la Nación, y su reflejo en el Congreso.
Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, analizó en distintas ediciones las configuraciones sociales y económicas que caracterizaron los primeros 256 días de gobierno de Rogelio Frigerio en la Casa Gris y de Javier Milei en la Nación. Una de las conclusiones de ese seguimiento anticipó la confección de un escenario, en el segundo semestre, atravesado por la merma del período inicial de gracia que disfruta una nueva gestión; la agudización de las consecuencias sociales del proceso recesivo y de la motosierra fiscal; el incremento de la conflictividad social por el deterioro de los ingresos y la licuación del poder adquisitivo de las personas; el aumento de las demandas sobre la gestión cotidiana y el horizonte a largo plazo en materia de obras estratégicas; el recorte sustantivo de los fondos coparticipables a las 24 jurisdicciones y la eliminación discrecional de las partidas destinadas a la asistencia de hospitales y escuelas, al transporte público de pasajeros, los sistemas previsionales provinciales y las obras públicas; y el desgaste del sinuoso equilibrio del mandatario de Entre Ríos respecto al apoyo incondicional con la hoja de ruta libertaria, en paralelo a la disminución de los recursos nacionales y a la acumulación de pedidos de las administraciones municipales.
Miércoles bisagra
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó esta semana un Congreso Extraordinario en la sede central de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ubicada en Paraná. Fue el día miércoles, después de las dos jornadas previas de asambleas en las escuelas y de los encuentros provinciales efectuados en San Salvador y Colón. La asfixia financiera de Nación a las distintas jurisdicciones, sumado a la falta de musculatura política del Ejecutivo para la negociación paritaria, trajo complicaciones a una relación contemplativa durante los primeros meses del mandato de Frigerio en la Casa Gris. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de las partidas por conectividad significó un recorte mensual sustantivo, que oscila entre 70.000 y 150.000 pesos, en los bolsillos de los/as trabajadores/as de la educación. Las medidas nacionales, que también condicionaron negativamente los presupuestos referidos al transporte escolar, la copa de leche y los comedores, no recibieron respuestas transitorias o estructurales del Ejecutivo provincial, como ocurrió en otras jurisdicciones, que asumieron la poda ejecutada por el gobierno de La Libertad Avanza.
El panorama hostil de la recomposición salarial del primer semestre de los docentes en particular, y de la comunidad trabajadora en general, fue agravado por la decisión de Frigerio del incremento del 3% de los aportes previsionales de los trabajadores del Estado (excepto la
Policía) y de los jubilados bajo el régimen especial. La determinación, institucionalizada el pasado 24 de junio bajo el decreto Nº1576, llevó las contribuciones al 19%, afectando los sueldos de docentes, estatales y pensionados de la administración provincial. La primera oferta salarial del Gobierno de Entre Ríos, que excluyó a los jubilados, estipuló una suba del 5% con los haberes de julio, otro 5% para agosto y una suma no remunerativa de 120.000 pesos, distribuida en tres cuotas iguales. Los sindicatos docentes cuestionaron que el incremento quedaba detrás de la inflación por el aumento de los aportes al sistema previsional, y exigieron que los montos sean formalizados en los sueldos futuros y que los acuerdos paritarios engloben a los jubilados. La mencionada propuesta gubernamental, aceptada por ATE y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), fue rechazada por Agmer, por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).
El segundo ofrecimiento, incorporó a los pasivos, mantuvo el 5% para julio, y añadió la equiparación hasta fin de año de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el pago de 200.000 pesos en cinco cuotas entre agosto y diciembre. La negativa de los gremios y la continuidad del plan de lucha tuvieron como reacción el descuento de los días de paro, que arrojó nuevos recortes entre 50 y 120.000 pesos, según el caso y la antigüedad, en los bolsillos de los/as trabajadores/as de la educación. La decisión unilateral de ejecutar la liquidación de los haberes docentes sin aumentos y de abonar por complementaria la primera proposición, erosionó los puentes institucionales e informales de diálogo. Las asambleas del lunes y martes pasado confirmaron ese enojo mayoritario y configuraron una respuesta contundente de las bases docentes, que exigieron la ratificación del plan de lucha, con huelgas para las jornadas de jueves 22, viernes 23, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de agosto.
La contestación oficial fue el pedido del Consejo General de Educación (CGE) de la conciliación obligatoria, que fue dictada por el Juzgado Laboral Nº4, a cargo de María Abud, por el término de 20 días hábiles, con una audiencia entre las partes, programada para el próximo 27 de agosto. Agmer, Sadop, AMET y UDA acataron la decisión judicial y desactivaron las acciones gremiales, aunque el grueso de los afiliados manifestaron su descontento y habilitaron otras medidas de fuerza, difundidas y acompañadas por los familiares de los estudiantes. La irrupción de mensajes por whatsapp, de campañas por redes sociales y de difusión de concentraciones, charlas, ollas populares y abrazo simbólicos en accesos, rutas, plazas y escuelas, surgió como un dato novedoso de la lucha educativa, en un universo donde predominaron electores que respaldaron el camino del actual Gobernador al sillón de Urquiza. El desgaste del humor docente fue anticipado por Punto y Seguido, tras la nutrida movilización del jueves 1 de agosto, con una convocatoria que superó las distintas manifestaciones contra la Casa Gris durante las gestiones de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.
Miércoles bisagra II
La sede principal de UPCN en la provincia fue el punto de encuentro de la Multisectorial en defensa de la caja de jubilaciones, conformada por el gremio anfitrión, ATE, Agmer, Sadop, AMET, La Bancaria, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), la Unión del Personal Túnel Hernandarias (UPTH), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), la Asociación del Personal Superior (APS), el Sindicato de Trabajadores de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), el Sindicato de Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) y el Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever). El debate, que comenzó turbulento por el decreto vigente que estiró los aportes del 16% al 19%, tiene como segundo capítulo un proyecto de Ley redactado por la alianza gobernante y girado al Poder Legislativo de la provincia. El texto suprime la movilidad jubilatoria del 85%, fijado en el artículo Nº63 de la Ley Nº8.732, para los casos donde los empleados superen los 10 años de actividad por encima de los requeridos para el régimen común ordinario; elimina el beneficio conocido como 3×1, reglamentado en el artículo Nº 39 de dicha norma, referido al intercambio de un año de edad por tres de aportes; y la participación del Ejecutivo provincial en todas las mesas paritarias para la homologación de los acuerdos firmados, inclusive las negociaciones en cada municipio, como en los sectores bancarios y judiciales.
“Vamos a exigir a los diputados y senadores que no se avance con el proyecto de Reforma de la Caja de Jubilaciones de la provincia”, destacó la Multisectorial en un comunicado enviado a LA CALLE. “No fuimos consultados durante la redacción del proyecto. Fue unilateral. Y no hay diálogo sincero cuando hay imposición”, profundizó uno de los referentes docentes de la costa del Uruguay. “En tiempos donde la moda es la desinversión del Estado y el desprecio a la educación pública, vamos a defender la caja de los trabajadores y jubilados de la provincia”, puntualizó una de las referentes de ATE de La Histórica. El pronunciamiento público de los distintos sellos gremiales, paradójicamente ese mismo miércoles bisagra, es un hecho histórico en la opaca escena política entrerriana, por la musculatura de sectores y por el reencuentro de espacios enfrentados en las últimas décadas sobre los modos de representación y construcción sindical. “En junio y julio los salarios docentes estuvieron por debajo de la línea de indigencia. Defender nuestros derechos no es una consigna vacía. Es construir una unidad desde una agenda trabajadora, que supere cualquier discusión secundaria”, apuntó la conducción de Festram.
Agenda y fragmentación
Las lejanas expectativas de un rebote económico y la falta de decisión política nacional de una normalización del flujo de partidas presupuestarias, al punto de la indiferencia frente a las deudas provocadas por obras abandonadas por la Casa Rosada y trasladadas a los ejecutivos provinciales para su finalización, exhiben las singularidades del tercer trimestre del año. El manual de Frigerio se distribuye entre su liderazgo en un tablero nacional de fragmentación de Propuesta Republicana (PRO), de disolución de la coalición Juntos por el Cambio, y de absorción libertaria de parte significativa del electorado que eligió a Patricia Bullrich en las elecciones generales del 22 de octubre del año pasado; sus iniciativas legislativas vinculadas a reformas instituciones sobre el período de transición de gobierno, la ética pública en el ejercicio de las funciones de los tres poderes del Estado, el derecho al acceso a la información pública, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), y la derogación de las pensiones vitalicias a ex mandatarios y ex vicegobernadores de la provincia; y una agenda destinada a las gestiones más tangibles, como las normativas de declaraciones de emergencia alimentaria, educativa, de obras públicas y de infraestructura vial, que permitieron la afectación directa y discrecional de recursos para el mantenimiento de caminos rurales y de establecimientos educativos.
En el escenario nacional, el ex ministro del Interior de Cambiemos marcó el primer posicionamiento divergente con la hoja de ruta libertaria. Los legisladores radicales Atilio Benedetti y Pedro Galimberti, y el diputado del PRO, Francisco Morchio, que integra el bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, aportaron sus votos al rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/24, que asignó una suma adicional de 100.000 millones de pesos (más de 460.000 jubilaciones mínimas) para el fortalecimiento del sistema nacional de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), administrada políticamente por el asesor presidencial, Santiago Caputo. El tema detonó conflictos internos y ajenos en la alianza gobernante y en las coaliciones opositoras, atravesada por la guerra libertaria entre el sobrino del Ministro de Economía de la Nación y Karina Milei, y la batalla desatada por ambos contra el ex presidente Mauricio Macri. La disputa se metió en la interna de la Unión Cívica Radical (UCR), donde el liderazgo de Rodrigo de Loredo, en la bancada de la Cámara Baja, viene cuestionado por el alineamiento con el Ejecutivo nacional, y configuró una fotografía inédita en tiempos de La Libertad Avanza.
El quórum inicial fue aportado por los escaños de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la mayoría del bloque radical, la Coalición Cívica (CC), seis miembros del PRO e incluso dos espadas legislativas del oficialismo. La votación final dejó un tablero de 156 votos contra el DNU de ampliación de los gastos reservados para inteligencia, garantizado por un error no forzado de la estrategia libertaria, que amenaza con daños colaterales y secuelas dolorosas. Especialistas en la temática advirtieron que un porcentaje importante de ese monto ya fue gastado, mientras que el partido fundado por Elisa Carrió amagó con judicializar la cuestión por malversación de caudales públicos y defraudación al Estado. Además de Benedetti, Galimberti y Morchio, los peronistas Tomás Ledesma, Blanca Osuna y Carolina Gaillard contribuyeron al resultado obtenido por amplia mayoría, en un marcador que terminó con apenas 52 votos en defensa del decreto y seis abstenciones. El legislador de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, fue el único representante de Entre Ríos que votó a favor de los fondos para la SIDE, en tanto que el ex gobernador, Gustavo Bordet (PJ), y la ex concejal de Gualeguay (UCR), Marcela Antola, estuvieron ausentes del momento culminante.
A diferencia del silencio y el equilibrio sostenido en la pelea entre Bullrich y Macri, en esta ocasión Frigerio bajó línea para una postura orgánica a la conducción del partido que también integra. Un escenario que además dejó en evidencia la carencia de interlocutores válidos del Gobierno nacional y la llamativa inacción del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el rol ejercido durante el primer semestre de mandato, cuando era la pata política con los gobernadores y las bancadas aliadas, en su función de ministro del Interior. Esa imagen novedosa de la última votación en la Cámara Baja, ubicó por primera vez en el mismo polo a Morchio, Osuna, Ledesma y Gaillard, algo que el oficialismo provincial había evitado en el sinuoso camino recorrido por el Mandatario de Entre Ríos en sus primeros ocho meses de administración. Una ilustración similar se confeccionó un día antes, en la selección del titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es la encargada del monitoreo y el control de los gastos reservados de la SIDE. El asesor presidencial Caputo promovía al pragmático Edgardo Kueider, pieza fundamental para la efectividad de la estrategia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para la designación de las autoridades del Senado y la distribución de las comisiones, como también para la aprobación de las leyes “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”. Esa nominación estaba respaldada por el empresario Enrique Eskenazi, pero era resistida por la Presidenta de la Cámara Alta, por parte del propio oficialismo y por el PRO, que impulsaba al misionero Martín Goerling. En un anticipo de la semana hostil para la Casa Rosada, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, consiguió los votos del kirchnerismo y de los gobernadores peronistas, y se transformó en el presidente de la codiciada comisión, en un acuerdo que incluyó la designación del diputado Leopoldo Moreau como vicepresidente primero.
Dos días después, el Senado efectuó una sesión forzada por el repudio al incremento de los salarios de los legisladores a 9 millones de pesos mensuales, que obligó la intervención del Presidente de la Nación. Aunque no se avanzó en propuestas parlamentarias para el establecimiento de un tope a la percepción de haberes de los niveles jerárquicos más significativos de los tres poderes del Estado, se dejó sin efecto la suba de los sueldos y se estableció su congelamiento hasta el 31 de diciembre de 2024. Esa misma jornada, 61 senadores votaron afirmativamente la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fija una nueva fórmula de actualización atada al IPC; que establece un incremento del 50% en marzo de cada año ligado a la variación salarial, mediante el indicador Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables); y que implementa un aumento extra del 8,1% como recomposición de la pérdida acumulada de poder adquisitivo durante este año. Alfredo De Ángeli (PRO), Stella Olalla (UCR) y Edgardo Kueider (Unidad Federal) apoyaron la iniciativa, en un tablero que sólo contabilizó ocho votos negativos, realizados por los siete integrantes de la bancada oficialista y por la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero (PRO). Pese a que la coincidencia de los tres representantes de Entre Ríos en la Cámara Alta no es original, es la primera vez que se da con un posicionamiento contrario a la estrategia de Milei o Villarruel.
“El presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”, afirmó en la red social X (ex twitter) la cuenta de la Oficina del Presidente, sobre la iniciativa sancionada por ambas cámaras, que representa un gasto extra del 0,45% del Producto Bruto Interno (PBI) en todo el año. Las bancadas de Encuentro Federal, la UCR y la CC, anticiparon que insistirán con la propuesta parlamentaria, con el propósito que sea ratificada por el Poder Legislativo, sin posibilidad de un nuevo veto de la Casa Rosada. Indudablemente, más allá del desenlace del proyecto legislativo, el tablero final dejó una correlación transitoria y precaria, pero preocupante para la brújula de La Libertad Avanza, especialmente en el desafío de los comicios de medio término del año próximo. “Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, expresó Macri en redes sociales, paradójicamente después que sus senadores votaron a favor por indicación del propio ex Presidente de la Nación. El zigzagueo del titular nacional del PRO repartió vacilaciones al interior del sello partidario y puso en una situación incómoda a los mandatarios provinciales, que solicitaron a sus legisladores que se expongan a la verborragia libertaria y queden en una misma fotografía con el kirchnerismo.
Esas alteraciones del tablero político nacional exponen sus singularidades en la provincia. El acuerdo del actual Mandatario de Entre Ríos con el ex Secretario General de la gobernación de Bordet, en el nombramiento de Juan Chagas en la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, ejemplifica esas peculiaridades. El quiebre en la génesis legislativa de la experiencia provincial de La Libertad Avanza, que registró una ruptura en tres bloques, en la antesala al balotaje del 19 de noviembre del año pasado; la incorporación de dirigentes peronistas en segundas y terceras líneas del gabinete de Juntos por Entre Ríos; el apoyo mayoritario de los intendentes justicialistas, desde los caudillos históricos a las nuevas generaciones, a la reforma electoral promovida por Frigerio; los límites ideológicos y programáticos entre la vieja guardia radical y la dirigencia libertaria, en una hipotética ampliación de la alianza gobernante en la Casa Gris; la dispersión política de Concordia, donde el presidente municipal Francisco Azcué celebró su propio Pacto de Julio con la dirigencia opositora, especialmente el sector liderado por su antecesor, Enrique Cresto, mientras que otros dos ex postulantes al palacio municipal, Alfredo Francolini y Eduardo Asueta, se integraron al ejecutivo provincial; y el apoyo sostenido de la Legislatura local a la agenda parlamentaria del oficialismo, incluso en la Cámara Alta, donde el peronismo tiene leve mayoría, grafican parte de los debates vigentes en el tablero político más autóctono. Como una digresión del acompañamiento de la superestructura justicialista a la oficina crucial de la Casa Gris, la senadora por Federal, Nancy Miranda (PJ), aportó un voto indispensable para la aprobación de los pliegos de los funcionarios y vocales del CGE, inclusive el confeso negacionista Santiago Laumann.
En la jornada de ayer, la localidad de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú, fue la sede del 2º “Encuentro para Construir Presente y Futuro”, que da continuidad al evento organizado en San José por diferentes intendentes peronistas. “En tiempos adversos para la política, es fundamental movilizar al peronismo”, apuntó uno de los presidentes municipales convocantes en diálogo con Punto y Seguido. “Hay que recuperar la autoestima como pueblo y valorar el potencial que tenemos. Desde ese capital, hay que generar una alternativa”, profundizó. Mauro Díaz Cháves, que recorre su segundo mandato en la ciudad anfitriona, recibió a Gustavo Bastián de San José, Damián Arévalo de Feliciano, Ricardo Bravo de Federación, Fernando Viganoni de San Justo, Hernán Niz de Villa Mantero, Julio Pintos de Pueblo Liebig y Juan Amavet de Santa Anita, entre otros dirigentes. “Venimos trabajando conjuntamente con otros pares del departamento Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Colón, Feliciano y Federación, con el objetivo de seguir sumando voces, debates y desafíos. El angustiante contexto, que lamentablemente se va a profundizar, debe tener una opción contundente desde el peronismo. Hay que reconciliar la política y el Estado con la movilidad social ascendente y el desarrollo de las economías regionales”, se afirmó desde la organización a LA CALLE.
En simultáneo, el jefe municipal de Concepción del Uruguay, José Lauritto, consolidó la sociedad política con la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Las visitas recíprocas de ambos nombres históricos del peronismo, tuvieron un nuevo capítulo con la reunión conjunta de los ejecutivos locales de ambas cabeceras, realizada este jueves en la capital entrerriana, con idéntico formato al cónclave efectuado en La Histórica hace unas semanas. El ex Vicegobernador quema sus últimos cartuchos en las principales ligas del peronismo entrerriano, pero mantiene la expectativa que el departamento Uruguay asuma el protagonismo negado en las últimas contiendas electorales. Pese a la drástica situación financiera, expone la tranquilidad de la experiencia de gestiones complejas en otros momentos históricos, como su primer mandato durante la gobernación de Sergio Montiel y la presidencia de Fernando De la Rúa o su segunda intendencia con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Junto a Romero, gobiernan las dos ciudades cabeceras más significativas del peronismo en proporción electoral y musculatura política, y mantienen coincidencias en las formas de la relación con la oficina crucial de la Casa Gris. Además, poseen otro rasgo similar respecto a las dificultades opositoras en sus localidades, ya que Juntos por Entre Ríos carece de una referencia competitiva en la capital entrerriana, luego del fallecimiento del ex caudillo radical Sergio Varisco, pese a la buena elección del actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Algo parecido ocurre en La Histórica, con el agregado del shock desatado por el accidente ocasionado por el último contrincante de Lauritto en las urnas, Juan Orrico, que actualmente es investigado por homicidio culposo por el choque del 20 de junio en la ruta 39, donde murieron cuatro jóvenes de Basavilbaso, cuando el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos cambió de carril, con 1,2 gramos de alcohol en sangre, en un auto oficial y desató una tragedia evitable.
A 256 días de las gestiones de Milei y Frigerio, lLa fragmentación política, las vacilaciones opositoras, el proceso recesivo y los errores no forzados, se mezclan en un horizonte incierto en materia de rebote económico y mejora de los principales números de la industria, la producción, el consumo, la capacidad de compra y el mercado interno.
El equilibrio político tensiona con las necesidades de la gestión y la agonía del tiempo de gracia inicial. Final abierto en el sendero tortuoso del segundo semestre.
