La Justicia de Concepción del Uruguay rechazó la solicitud de prisión preventiva que había solicitado el abogado querellante Mario Arcusin en el caso del homicidio culposo que se sigue contra el dirigente del PRO y ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Enrique Ruiz Orrico. En lugar de esto, el tribunal decidió imponerle una prohibición de salida del país por 90 días y ordenar que resida en la casa de su madre en Escobar, Buenos Aires, mientras enfrenta el tratamiento médico por las secuelas del accidente grave que tuvo el 20 de junio pasado.
Ruiz Orrico colisionó frontalmente con un Chevrolet Corsa en la ruta 39 cerca de Caseros, en el departamento Uruguay, después de cambiar de carril. En el Corsa viajaban Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes murieron a causa del impacto. Los cuatro se dirigían al Frigorífico Fadel en Pronunciamiento.
Durante la audiencia de este lunes, que incluyó el rechazo a las peticiones de la querella para que Ruiz Orrico fijara domicilio en Concepción del Uruguay y recibiera prisión preventiva, hubo un intenso intercambio entre Arcusin, que representa a las familias de los cuatro jóvenes fallecidos, y la defensa del ex funcionario, compuesta por Félix Pérez y Leandro Monje. Arcusin explicó que Pérez apoyó la idea de prisión domiciliaria, pero Monje la descalificó, lo que Arcusin consideró ofensivo. Finalmente, el juez, Gustavo Ariel Díaz, desestimó la solicitud de Arcusin.
El viernes pasado, Ruiz Orrico se presentó para una declaración indagatoria ante el fiscal Eduardo Santo, de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay. Al optar por no declarar, intentó expresar sus condolencias a las familias de las víctimas al salir de los tribunales. Sin embargo, Arcusin criticó esta acción, afirmando que la familia prefiere que se aplique la máxima pena posible en lugar de recibir disculpas.
La querella planea solicitar un cambio en la carátula del caso a homicidio simple, con penas que van de 8 a 25 años de cárcel, aunque esto podría implicar un juicio por jurado, que presenta riesgos significativos. Alternativamente, Arcusin considera la opción de un juicio abreviado con penas de 8 a 10 años, pero desconfía del juicio por jurado debido a los posibles problemas con la unanimidad del veredicto.
