El cambio que impulsa el Gobierno afectará a 200.000 personas con discapacidad y tendría impacto en más de 150.000 puestos de trabajo. Protestas en todo el país contra la iniciativa.
Personas con discapacidad, prestadores, instituciones y familias están movilizadas en todo el país ante la desregulación de las prestaciones que promueve el gobierno de Javier Milei. En los últimos días circuló un proyecto de decreto que termina con el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador nacional que establece los precios tanto para las obras sociales como para el PAMI y garantiza el acceso igualitario. “Esto va a generar una selectividad negativa”, indicaron.
El miércoles se hicieron movilizaciones en Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Salta, Tucumán y Chaco y una manifestación frente a la residencia oficial de Olivos, donde presentaron una carta para el presidente Milei. En las marchas también participaron prestadores de servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, transportistas y propietarios de hogares y centros de día. El elemento unificador fue el rechazo al proyecto del Ejecutivo Nacional.
La referente de la comisión de “Psicologues trabajando en dispositivos de apoyo a personas con discapacidad”, Noelia Karaman, explicó que este cambio generará una selectividad negativa porque los pacientes van a tener distintos grados de acceso a las prestaciones. “Ese es el riesgo y la batalla que estamos dando. Cada uno de esos entes financiadores pasaría a tener un nomenclador independiente y no vinculante de los otros nomencladores. Habría diferentes valores para la misma prestación. Lo que va a pasar es que los prestadores van a priorizar las obras sociales o a aquellos entes financiadores que mejor pagan, sobre todo en este contexto inflacionario”, explicó.
En Argentina está vigente la Ley 24.901, sancionada en 1997, que establece un único valor de nomenclador para obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud. Todas abonan el mismo valor y de esa manera se garantiza la misma atención sin importar la condición económica de la persona con discapacidad.
Se estima que el cambio que impulsa el Gobierno afectará a 200.000 personas con discapacidad y tendría impacto en más de 150.000 puestos de trabajo.
Discriminación y crueldad
Gabriela Bruno es una persona con discapacidad y referente del colectivo en Santa Fe y sostuvo que esta medida profundizará las desigualdades sociales y precarizará la atención. “Es muy grave en muchos sentidos, esto viene a romper con esta garantía que brinda la ley que permite un trato igualitario y que permite que si tenés OSDE, si tenés una mutual de una cooperativa, o si te cubre el Estado tenés atención garantizada”, afirmó.
La normativa actual se basa en un modelo social que busca reducir las barreras para las personas con discapacidad y asume a las prestaciones como un sistema de apoyo.
Esto se da en un contexto en el que 8 de cada 10 personas con discapacidad están en condiciones de vulnerabilidad económica.
“Si lo que se busca es que las personas con discapacidad tengamos que costear nuestras prestaciones no lo vamos a poder sostener. Quienes perciben la pensión por invalidez tampoco llegan a fin de mes porque equivale al 70% de una jubilación mínima. Si todo lo que ganamos en salario lo tenemos que invertir en nuestra salud no hay proyecto de vida posible”, afirmó Juan Guardatti, de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión.
