El abogado Fernando Burlando, quien tomó la defensa del exgobernador Sergio Urribarri en el caso del megajuicio donde fue sentenciado en 2022 a 8 años de prisión, completó el proceso de inscripción en el Colegio de Abogados de Entre Ríos este miércoles a través de una reunión por zoom. Junto con él, otro miembro de su equipo legal, Javier Ignacio Baños, también se matriculó.
Según los registros del Colegio de Abogacía, Burlando tiene el número de matrícula 11046, Folio 299, Tomo 1.
Burlando anunció su intención de presentar «una serie de denuncias». Ya lo ha hecho ante la Justicia Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata. En una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), expresó su confianza en que estas acciones llevarán a la verdadera Justicia a escribir nuevos capítulos en la trama judicial, política y mediática que considera injusta e ilegal contra Sergio Urribarri, el exgobernador de Entre Ríos.
El abogado dijo que proporcionará «una cantidad significativa de pruebas contra funcionarios judiciales y de la Procuración de Entre Ríos, a quienes ve como los principales ‘armadores’ de los casos contra Urribarri».
Burlando afirmó que «algunos jueces de la provincia y miembros del Ministerio Público Fiscal han diseñado un mecanismo de suplicio y tortura contra Urribarri, apoyándose en parte del poder judicial y algunos medios de comunicación. Lo que han hecho es brutal».
El abogado calificó la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná en 2022 como una «aberración jurídica», una decisión que fue ratificada en 2023 por la Cámara de Casación Penal. Burlando señaló que los miembros de este tribunal tienen vínculos personales estrechos con los investigadores y condenantes de Urribarri en primera instancia. Específicamente mencionó a María Evangelina Bruzzo, vocal de Casación, cuyo esposo es un dirigente político activo que ha criticado públicamente a Urribarri en varias ocasiones.
Burlando dijo que habló con la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos para dejar en claro que su intención no es socavar la confianza en la Justicia, sino poner fin a lo que él considera una farsa. Destacó el accionar del juez Elvio Garzón, quien ordenó allanamientos el 23 de diciembre a pesar de que la investigación penal preparatoria ya había concluido.
