Al igual que ocurrió en la Capital Federal como en las principales ciudades de la Argentina, Concepción del Uruguay adhirió a la marcha federal en defensa de la universidad pública. Lo hizo con una multitudinaria expresión en la calle, convocada por docentes, estudiantes y trabajadores de las casas de estudios estatales, nucleados en la Mesa Universitaria, y acompañada por numerosas organizaciones civiles, sociales y gremiales de ésta y otras comunidades aledañas y vecinos.
Los manifestantes se congregaron minutos antes de las 20:00 frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), desde donde salió a esa hora una extensa columna para marchar, con pancartas, cánticos y batucadas, en torno a plaza General Francisco Ramírez y concluir el trayecto frente al emblemático edificio de calle Eva Perón 24, donde se efectuó el acto central.
Con mucha emoción se interpretaron, en un primer momento, las estrofas del Himno Nacional Argentino para, luego, darse lectura a las adhesiones recibidas y socializar el documento único consensuado.
En éste se hizo alusión a la necesidad de que “se actualice, de forma inmediata, el presupuesto universitario, para garantizar el normal funcionamiento de todas las instituciones de la Argentina; se convoque, de modo urgente, a paritarias, para discutir una recomposición acorde al incremento real del costo de vida para dignificar el empleo de miles de trabajadores (docentes y no docentes); se restituya el fondo de incentivo docente y el complementario por conectividad, montos que deben llegar a los docentes de escuelas y colegios preuniverstiarios; por una mayor inversión en los organismos abocados a la investigación científica y tecnológica, sus investigadores y los procesos de innovación y transferencia que benefician a la sociedad en su conjunto, evitando el vaciamiento que se encuentra actualmente en marcha; y por la actualización y ampliación de las becas y demás programas socioeducativos que hacen posible el acceso a la educación superior; por la regularización y el pase a planta de las y los contratados, para terminar con las condiciones de precarización laboral”, entre otras demandas.
La convocatoria finalizó con la actuación de Guillermo Lugrín y Natalia Morúa.
Adhesiones
El colectivo de derechos humanos, que integran el Movimiento Rojo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y la Asociación de Ex-presos políticos, convocó y participó de la marcha en defensa en la plaza Ramírez. José Goycochea, su referente, manifestó: «El vaciamiento presupuestario de las universidades forma parte de un plan sistemático de desmantelamiento de la educación pública al tiempo que se promueve su mercantilización y privatización. La política económica del Gobierno respecto de las universidades representa una fuerte regresión en materia de derechos humanos consagrados en las convenciones y pactos que forman parte de la Constitución».
La Regional de la Confederación General del Trabajo (CGT) señaló: “Adherimos a la movilización en defensa de la educación universitaria pública y gratuita. Consideramos que ésta nos iguala y hace libres, defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre, que promueva la movilización social y las transformaciones de las comunidades”.
El Partido Justicialista (PJ) del Departamento Uruguay adhirió a la marcha federal universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo por el presupuesto para las casas de altos estudios nacionales: “Acompañamos a la comunidad universitaria y al movimiento obrero organizado en defensa de la educación pública y gratuita en todos sus niveles. Estamos en desacuerdo con las inoportunas expresiones que el Presidente ha proferido contra los docentes argentinos y contra el sistema educativo. La gratuidad de la enseñanza pública es un derecho conquistado por muchas generaciones de argentinos, culminando el 22 de noviembre de 1949 con la eliminación de todo tipo de arancelamiento, dispuesto por Juan Domingo Perón por decreto 29.337, refrendado por la ley orgánica de universidades 14.297, de 1954, que garantizaba también el financiamiento estatal. De esta manera se completó el proceso democratizador iniciado por la Reforma Universitaria de 1918, dándole forma al sistema”.
