La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó este martes 9 con el tratamiento del proyecto de ley que propone declarar en Entre Ríos el estado de emergencia pública en materia de Seguridad Alimentaria hasta el 31 de diciembre. El expediente ingresó el 19 de marzo.
Presidió el encuentro el senador del departamento Federación, Rubén Dal Molín. Estuvo presente la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, acompañada por el secretario de Articulación de Política Social, Ricardo Vales; el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; y por el director de Comedores, Lautaro Azzalini, que dieron a los legisladores las razones de la propuesta.
El presidente de la Comisión agradeció la presencia de los funcionarios “en términos de conversar y que nos expliquen el porqué de la emergencia y el objetivo de la ley”. La ministra Berisso manifestó que “este contexto de inflación nos deja impedidos de accionar rápidamente: la situación se va complejizando”.
Remarcó que “lo alimentario es prioridad” y el pedido de la ley radica en poder responder a la demanda que tiene la cartera a su cargo. Profundizó dando un detallo de todas las situaciones a las que debió responder con urgencia la cartera a su cargo desde que asumió. La compleja realidad económica y situaciones climáticas por todos conocidas impactaron en la provincia en los últimos meses.
“El Ministerio ha estado presente”, destacó. Al añadir detalles puntuales sobre la gestión el secretario de Articulación de Políticas Sociales, Ricardo Vales, se explayó en datos, los que fueron entregados a los legisladores para ser observados en detalle.
“Damos respuesta a la urgencia”, dijo, para señalar de inmediato las complicaciones que generó un contexto inflacionario, que licua las partidas presupuestadas y a lo que se suma que el Gobierno Nacional no está enviando partidas. Manifestó que los pedidos de módulos alimentarios se han incrementado exponencialmente y la provincia junto a los municipios trabajan para dar respuestas.
Se refirió a los mecanismos previstos para comprar alimentos, mencionado que hay demoras lógicas en las licitaciones y, muchas veces, por no poder mantener precios, se bajan los proveedores.
Vales explicó a los legisladores, para profundizar sobre el panorama que daba la ministra, que en 2023 la Provincia incorporó 107.000 mil módulos alimentarios, que importaron 1.800 millones de pesos.
Contrastó estos datos con la situación actual. El Ministerio tiene partidas de 400 millones de pesos y un refuerzo de 200 millones, que permitirían acceder a la compra de 30.000 módulos, un número lejano si se tiene en cuenta lo distribuido en el año anterior. Remarcó una vez más la demanda que generaron a Entre Ríos las situaciones climáticas.
“Tener la ley agilizaría los tiempos de compra para dar mejor respuesta”, aseguró, explicando que mientras se busca ir solucionando las cuestiones de fondo, se pudo contar (ante el cambio de gestión) con un monto de poco más de 150 millones de pesos justificados en la necesidad y urgencia.
El proyecto de ley sería un marco ordenador de importancia, ya que “los montos con los que se cuenta son exiguos en relación a la demanda y se está enfrentando una dinámica de precios en alza”, que es difícil de enfrentar cuando además el gobierno nacional no envía refuerzos para las partidas.
