ATE y una parte de UPCN planean entrar en las sedes de las dependencias gubernamentales el miércoles tras las miles de desvinculaciones que consideran arbitrarias e ilegales. En la Nación evalúan cómo responder en los edificios públicos, cuya custodia depende de la Policía Federal
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Patricia Bullrich, Javier Milei y Sandra PettovelloAl borde del fin de semana largo, en el Gobierno desmerecieron la reacción de los gremios estatales frente a los despidos masivos en la administración nacional que pusieron en marcha esta semana y festejaron la efectividad de la estrategia para empezar a cumplir con el cupo de 70 mil desvinculaciones que se plantearon como objetivo final del capítulo de ajuste del Estado. Sin embargo, el anuncio de ATE y UPCN sobre una profundización de las medidas de fuerza el próximo miércoles puso en alerta a la Casa Rosada y los ministerios de Seguridad y Capital Humano, donde evalúan cómo hacerles frente en la calle mientras temen más complicaciones en servicios estatales sensibles.
En la Nación avisan que no tienen planeado dar el brazo a torcer con la medida. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, que no se especificó, les sirve de sustento para la narrativa central, que plantea como enemiga a “la casta”. Sin embargo, los inquieta que las medidas de fuerza paralicen la administración nacional y afecten -aún más- la atención al público, sobre todo en áreas delicadas que, para colmo, experimentando problemas por otros motivos, como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
