El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación.
“Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación”, anunció ayer lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
“Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba tener el sindicato al que pertenecían”, remarcó el funcionario, al tiempo que destacó que la medida, que forma parte del DNU 70, “va a ser reglamentada en los próximos días”, “les va a dar mucha más libertad en virtud de que cada uno va a poder optar por la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren la mejor atención”.
Esta opción había sido modificada durante la anterior gestión que estableció por decreto que los trabajadores y trabajadoras debían permanecer al menos un año en la obra social que les correspondía de acuerdo al sector que se desempeñaran.
El DNU 70 de desregulación de la economía que el Presidente firmó en diciembre pasado determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.
Horas atrás, el Secretario de Acción Social de la CGT y titular del Sindicato de Sanidad, José Luis Lingeri había advertido que la desregulación de las obras sociales “viene desde la década de los 90, con el Gobierno de Menem y Cavallo. Lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obra social de origen y ahora lo podría hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese. Por otra parte, se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria, para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”, explicó el dirigente.
Asimismo, el dirigente sindical consideró que si el Gobierno “cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6 millones opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual de los temas que mencioné anteriormente: monotributo, jubilados, discapacidad y medicamentos de alto costo”.
Hasta el momento, las y los trabajadores en relación de dependencia derivan una parte de su sueldo a la obra social y pagaban un dinero extra para tener una prepaga. Esto implica un impacto directo a los sindicatos que poseen obras sociales por lo que será uno de los temas a tratar por la cúpula de la CGT.
El negocio de las prepagas
“Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales”, afirmó en diciembre Edgardo Knopoff, director de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y vocero de la Asociación de Médicos Municipales. “Atenta directamente contra las obras sociales. Contra todas, las buenas, las malas, sin discriminación. Va a permitir que las prepagas, que tienen mucha más espalda comercial, se vayan comiendo a los pequeños competidores. Es bastante probable que una empresa salga con planes subsidiados al principio para lograr eliminar la competencia”, dijo.
