Mientras el Gobierno acaba de anunciar un superávit fiscal de $500.000 millones en enero, un estudio calcula que los recortes a los jubilados permitieron ahorrar US$ 26.000 millones en los últimos 6 años.
Los haberes previsionales son la variable para licuar parte del gastos público.
El recorte sobre los haberes jubilatorios por causa de la inflación se sentirá con fuerza en los próximos meses, cuando la fórmula de movilidad los aumente en un 30% en marzo tras un trimestre en que la inflación acumulada seguramente supere el 80%.
Las jubilaciones cobradas en enero pasado registraron una pérdida de poder adquisitivo del 57% en comparación con el haber promedio mensual de 2017 de quienes no cobraron bonos y del 35% en el caso de quienes sí los cobraron, según un estudio del instituto Iaraf.
Este cálculo implica que un jubilado que cobró los bonos pudo adquirir en enero solamente un 65% de los bienes y servicios que podía adquirir en promedio durante 2017.
Quienes no recibieron los bonos, solo pudieron acceder a un 43% de los bienes y servicios que compraban seis años atrás.
Además, el trabajo alertó que si no hay una decisión concreta que cambie la fórmula previsional actual, en mayo los jubilados argentinos tendrían el menor poder adquisitivo del periodo 2018-2024.
Un 37% de pérdida de poder adquisitivo respecto a mayo de 2023 y del 45% respecto al promedio mensual del 2017, dijo el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Pérdida del 17% en enero
El informe señala que como a las jubilaciones las paga el Estado Nacional, cuando se ajusta a los jubilados el gasto público real se reduce y, por esa vía, también se achica el peso relativo del gasto en jubilaciones dentro de la economía.
Para 2024, estimó, el ahorro a costa del sector pasivo puede alcanzar unos USD 10.000 millones, siempre que no se hagan modificaciones a la fórmula de actualización, algo que por el momento quedó en el camino al frenarse la Ley Ómnibus en el Congreso.
En este año, la licuación ya empezó: en enero, “el poder adquisitivo de un jubilado se redujo un 17% respecto al del mes previo de diciembre”.
La pérdida de poder adquisitivo del jubilado es un ahorro de gasto público con el que el Gobierno busca afrontar el problema fiscal.
La injusticia se funda en que los jubilados no cortan rutas, no se movilizan ni crean actos masivos.
