Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, está revisando los recursos y el personal asignado para garantizar la seguridad de los ex presidentes nacionales y sus familias. Desde el Ejecutivo, se aclara que las funciones se mantendrán, pero se aplicarán criterios de mayor racionalidad en tiempos de crisis.
Como parte del plan de reducción de gastos del Gobierno, se pretende modificar el reglamento sobre la custodia de los ex presidentes luego de una revisión realizada por Karina Milei. Esta medida busca ajustar los recursos destinados a este fin, considerando que algunos casos, como el de Cristina Kirchner con unos 120 efectivos de la Policía Federal asignados a su seguridad y la de su familia, podrían ser considerados excesivos, especialmente después del intento de magnicidio en 2022.
Se destaca también la atención que requiere la custodia de Alberto Fernández, quien reside en España después de dejar el cargo presidencial. Actualmente, Casa Militar coordina el envío de agentes a ese país para acompañarlo en sus actividades diarias, generando costos significativos en pasajes y viáticos.
Se plantea la posibilidad de establecer un acuerdo de reciprocidad con las autoridades españolas para que la Policía local se encargue de la seguridad del ex mandatario argentino, aunque aún no se han iniciado gestiones al respecto.
Se considera necesario establecer una reglamentación más estricta sobre los protocolos de custodia para definir la cantidad de personal mínimo y máximo necesario para proteger a los ex presidentes.
El objetivo principal es optimizar los recursos sin dejar desprotegidos a los ex presidentes, pero también reconociendo la difícil situación económica del país y la necesidad de reducir gastos.
Finalmente, se destaca que la idea no es eliminar las custodias presidenciales, sino ajustarlas de manera responsable, manteniendo la seguridad de los ex presidentes y sus familias.
