Verónica Torras
Licenciada en Filosofía
Ecuador vive una ola de violencia producida por bandas del crimen organizado. Como ya había sucedido otras veces en los últimos años, la última semana se caracterizó por una seguidilla de ataques incendiarios, motines carcelarios, secuestros y tiroteos en las calles que dejaron un saldo de varios muertos. El Gobierno, como también ocurrió anteriormente, declaró un estado de emergencia. Pero ahora lo acompañó de un estado de “conflicto armado interno”, medida que fue denunciada como inefectiva y muy peligrosa para la población.
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador señala que desde 2021 los gobiernos reiteran las declaraciones de emergencia e intervenciones de Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad, la cuales no tienen ninguna eficacia porque sólo tapan la ausencia de una política de seguridad orientada a resolver los verdaderos problemas de criminalidad y violencia. El principal problema es que el crimen organizado ha permeado las instituciones políticas, policiales, militares, judiciales. Eso vuelve imposible la planificación y ejecución de una política de seguridad seria, dispuesta a controlar estas bandas y disminuir el campo de acción de las redes de ilegalidad, ya que cuentan con connivencia y protección de actores estatales.
Sobre esta última declaración de un “conflicto armado interno amparado en el Derecho Internacional Humanitario”, la preocupación es mayor ya que implica una situación de falta de garantías para la población civil y una habilitación al uso de la fuerza letal como primer recurso por parte de las FFAA. Las organizaciones ecuatorianas señalan que la noción de “agentes beligerantes” y el estatus de “combatientes” no se condice con la realidad de las bandas delictivas que protagonizan hechos de violencia, y que no tienen base ideológica ni fines políticos.
