Por J. Stiglitz y J. Ocampo
Los países latinoamericanos sufren disparidades de ingresos asombrosas. La desigualdad es tan pronunciada, como que el 10% más rico de la región posee el 77% de la riqueza total de los hogares, en comparación con menos del 1% para el 50 % inferior. Además, el 10% superior de los asalariados gana 22 veces más que el 10% más pobre y el 1% superior representa el 21% del ingreso total de la región.
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) también comparten un sistema tributario arraigado y regresivo, lo que refleja su fracaso de larga data para gravar los ingresos altos, en particular los ingresos de capital. Además, la elusión y la evasión fiscales generalizadas han privado a los gobiernos de los recursos que necesitan para aumentar el gasto social y mitigar los efectos de la desigualdad de ingresos.
Si bien la competencia fiscal agresiva entre países ha sido ampliamente aclamada como una bendición para la inversión extranjera directa y el crecimiento económico, la evidencia muestra que los incentivos y privilegios fiscales atraen flujos financieros pero no aumentan la inversión real, que tiende a ser impulsada por otros factores como el la calidad de las instituciones, las habilidades de la fuerza laboral y la infraestructura. Las nociones equivocadas que incentivan la competencia fiscal implacable entre países deben abandonarse en favor de nuevas políticas de crecimiento que se basen en una mayor coordinación global entre las autoridades fiscales.
Guaridas fiscales
Latinoamérica también comparte una frustración común con la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones internacionales de reforma tributaria hasta el momento. Hay muy pocos desacuerdos en cuanto a que el sistema fiscal global está desactualizado y es incapaz de adaptarse a las realidades de los modelos comerciales del siglo XXI. Las corporaciones multinacionales se han vuelto expertas en establecer compañías ficticias para trasladar sus ganancias a paraísos fiscales. Este problema se ha visto exacerbado por el advenimiento de la economía digital, que ha hecho que sea mucho más fácil para las empresas y las personas ricas evitar pagar su parte justa.
Para abordar algunas de las estrategias de elusión fiscal más notorias utilizadas por las empresas multinacionales, el G20 y la OCDE lanzaron la iniciativa Base Erosion and Profit Shifting, que culminó en un paquete de reformas respaldado por 138 países y jurisdicciones. Pero las primeras esperanzas de que este proceso conduciría a reformas integrales se han hecho añicos. A pesar de algunos elementos innovadores, las medidas descritas en el acuerdo fiscal global del “Pilar Dos” de la OCDE podrían incluso profundizar las desigualdades existentes entre países.
Una voz unida
Si bien la tasa impositiva corporativa mínima global del 15% del Pilar Dos es innovadora y prometedora, su estructura actual favorece a los países del Norte Global, donde tienen su sede las corporaciones más grandes del mundo, y los paraísos fiscales. El acuerdo actual permite a estos países imponer el impuesto mínimo sobre las ganancias obtenidas en el Sur Global, recaudando así impuestos sobre las ganancias que no deberían haberse desviado en primer lugar.
Además, la tasa impositiva corporativa mínima del 15% está muy por debajo del promedio latinoamericano, que actualmente se ubica en el 24%. También es inferior a la tasa mínima del 25% propuesta por la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional de Empresas, de la que somos miembros junto a colegas como, Jayati Ghosh y Thomas Piketty.
Este decepcionante resultado se debe en parte a la incapacidad de los países de ALC para abordar las negociaciones multilaterales con una voz fuerte y unida. Sin embargo, es importante señalar que la frustración no se limita a la región: los países africanos también han pedido que las Naciones Unidas, en lugar de la OCDE, lideren las negociaciones para reformar el sistema fiscal internacional.
Prosperidad compartida
Para lograr marcos regulatorios más justos que representen mejor al Sur Global, debemos asegurarnos de que los procesos de gobernanza internacional sean transparentes y equitativos.
La colaboración entre los gobiernos de la región es un imperativo, dado que permitirá defender los intereses compartidos de 660 millones de habitantes. Los países latinoamericanos podrán así dejar de competir en tasas impositivas para atraer inversión extranjera y desarrollar un marco para gravar los servicios digitales que se alinee con sus verdaderas necesidades.
Con la desigualdad y la elusión fiscal en aumento, los gobiernos latinoamericanos deben forjar un futuro equitativo basado en el principio de la prosperidad compartida.
