Esther Vivas
Comer nos puede parecer un acto inocuo, pero en realidad está cargado de connotaciones políticas. No es lo mismo para nuestro organismo comer alimentos saludables y de calidad que ingerir productos procesados con cantidades considerables de azúcar o sal añadida. No es lo mismo para la economía local apoyar a productores locales que a multinacionales. Comer, según el diccionario de la Real Academia Española, consiste en: «Masticar y deglutir un alimento sólido. Ingerir alimento». Sin embargo, comer es mucho más que esto, y tiene implicaciones que no imaginamos a simple vista. Y ya no hablo de comer justo, no está al alcance de cualquiera. En primer lugar, porque nadie nos enseña a alimentarnos de manera saludable. El currículum educativo no incluye ninguna asignatura que nos diga cuáles son las propiedades de los alimentos, cómo inciden en nuestro organismo, cuál es la mejor manera de combinarlos, los tipos de cocción. De hecho, a veces, cuando la comida entra en el aula lo hace de la mano de multinacionales que vienen a vender sus productos insalubres o mediante visitas a sus fábricas de donde los chicos salen cargados con alfajores y otras muestras de comida basura. La educación alimentaria queda bajo la responsabilidad de las familias, que no tienen el tiempo ni el conocimiento para transmitirlo. Sorprende lo preocupado que está el sistema para inculcar ciertos conocimientos, y en cambio otros que son esenciales se obvian. Las empresas agroalimentarias se frotan las manos con esta realidad, ya que así la información queda en poder del mercado, que es juez y parte. Lo vemos con la publicidad. Las empresas obviamente quieren vender su producto. En segundo lugar, no todas las familias pueden acceder a alimentos de calidad. La obesidad infantil, por ejemplo, afecta en mayor medida a los chicos de los barrios postergados, donde más de la mitad de las niñas y niños entre 6 y 12 años tienen sobrepeso, y uno de cada cuatro obesidad. Se trata de unas cifras superiores a la de los sectores de mejores ingresos, donde una tercera parte de los chicos con la misma edad tienen sobrepeso, y una de cada 10 obesidad. Comer bien debería ser un derecho universal garantizado. No podemos dejar la alimentación en manos del mercado, y pensar que la industria agroalimentaria por sí sola se autorregulará. La administración pública tiene una responsabilidad.
