Por Carlos Heller
El Gobierno acaba publicar tres decretos orientados a paliar los efectos de la sequía, fomentar el empleo, mejorar las exportaciones y por lo tanto las Reservas Internacionales, sin descuidar el mercado interno.
En uno de los decretos se establece la automaticidad para suspender las ejecuciones fiscales, bancarias y las percepciones de adelantos o anticipos impositivos a más de 69.000 productores afectados por la sequía, una medida que, además de aliviarlos, les permitirá mantenerse en el mercado de crédito.
En otro decreto se reinstala el Programa de Incremento Exportador, por el cual se prevé un tipo de cambio fijo de $300 para los productos de soja y sus derivados por unos 45 días, plazo que permitiría liquidar los granos retenidos y captar las ventas de la nueva cosecha.
Además, se incorporó al programa a las economías regionales, con requisitos específicos. Estas economías son grandes empleadoras, con unos 338.000 puestos formales.
Para ingresar al programa de Economías Regionales se establecen tres criterios de elegibilidad: a) mantener el empleo; b) participar del programa de Precios Justos y c) mantener el volumen y abastecimiento al mercado interno.
El tercer decreto es para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores; aunque hay un plazo de 180 días (para liquidar las divisas) y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, eso se ve desdibujado porque otros le hacen trampa al Estado. Son unos U$S 3.700 millones faltantes, como consecuencia de las empresas que no han cumplido con la norma. Se establece un mecanismo de suspensión del CUIT de dichas empresas y de sus directores y se les suspenderá el acceso al mercado de cambios, si luego de 30 días de sancionado el decreto no cumplen con la obligación de liquidar sus exportaciones.
Por otra parte, existe un remanente de la cosecha anterior no liquidado, que rondaría, al menos, una cifra de U$S 6.000 millones (soja y maíz).
Juicios contra el país
Se conocieron dos sentencias de tribunales extranjeros contra la Argentina. Una de ellas, en tribunales estadounidenses, fue por la reestatización de YPF. El fallo no establece ningún valor preciso de la sentencia, razón por la cual todos los números que circularon acerca de lo que se debería pagar son especulaciones. Además, se litiga contra el Estado argentino, el cual posee inmunidad soberana (sus activos no pueden ejecutarse en terceros países) y aún se puede pedir la revisión del fallo, luego ir ante la Cámara de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema del país del norte.
La oposición cargó contra quienes reestatizaron la empresa, pero la verdadera mala decisión fue, no sólo privatizarla, sino en las condiciones en que se hizo, incluidos la elección de la empresa a la que se vendió uno de los principales baluartes de soberanía nacional (como YPF lo ha sido y ha vuelto a serlo), y los perjuicios que se le ocasionaron.
En el caso del fallo londinense sobre los pagos de los cupones PBI, se sentenció a la Argentina por supuesta adulteración de datos. Pero, ¿cómo determinaron los jueces la adulteración del PBI? Las consultoras privadas no tienen la información suficiente para estimarlo. Las estadísticas del PBI definitivas informadas por el FMI, muestran los siguientes datos de crecimiento: 2012: 0,9%; 2013: 2,9%; 2014: 0,5%; 2015: 2,5% y así podemos seguir. Ninguno superior al 3% anual. No deja de ser llamativo que tribunales de Londres y Nueva York fallen casi en simultáneo contra Argentina en un año electoral.
El ajuste que prometen
En la semana corrió bastante tinta alrededor de la idea de “simplificar” el esquema cambiario, lo cual no es otra cosa que devaluar abruptamente. Esta política ya se aplicó (entre otras tantas veces) cuando Juntos por el Cambio llegó al gobierno en diciembre de 2015, y llevó a un significativo salto de la inflación.
Martín Redrado, quien asesora a Horacio Rodríguez Larreta, señaló varios ejes de un programa de estabilización y crecimiento, un “shock de leyes”, según lo definió. Entre ellas, una “ley de desindexación del gasto público (…), con una reestructuración de las empresas públicas, cerrando algunas que no tiene sentido tenerlas”.
Para enfrentar a la inflación también avanzaría con un “Banco Central que vuelva a tener independencia (…), que tenga prohibido financiar al sector público”.
Desindexar el gasto público significa que éste crezca significativamente menos que la inflación, es decir, licuarlo. ¿Qué rubros afectarían? Necesariamente los gastos sociales, que representan el 55,6% del total. Están queriendo imponer un ajuste que recaiga en los sectores más vulnerables.
