Por A. Serrano y A. Oroño
Tras la derrota, las apariciones públicas de Bolsonaro han sido muy pocas; por diversos intermediarios ha dejado entrever un estado de frustración personal no sólo con el resultado de las urnas en octubre, sino con el distanciamiento que fueron manifestando sus propios aliados, especialmente los del Congreso. Ningún representante político, ninguna figura pública de envergadura, ha salido a respaldar a Bolsonaro ni se ha acercado a las “protestas” en frente de los cuarteles y menos aún a los iniciales cortes de autopistas. Si bien hubo operativos de la Policía Federal y procesamientos judiciales en varios estados para algunos involucrados, lo cierto es que Bolsonaro fue quedando cada vez más aislado, con tan sólo el respaldo explícito del presidente de su partido, el Partido Liberal, que le ha garantizado un sueldo y la cobertura de las costas judiciales que se vendrán. Después de 34 años –y de transitar por 10 partidos– Bolsonaro no tendrá un cargo público.
Si bien es cierto que el Partido Liberal eligió en octubre la bancada de Diputados más grande (99 de 513), difícilmente pueda mantener la cohesión del espacio: no todos se asumen como fervientes “bolsonaristas”. Tampoco sus dos aliados más cercanos –Partido Progresista (PP) y Republicanos, con quienes compusieron un soporte oficialista compacto durante los dos últimos años– se proyectan como una fuerza ideológica de bloqueo parlamentario frente al próximo Poder Ejecutivo. Con ese sentido de la oportunidad, el líder del PP y actual presidente de Diputados, Arthur Lira, será reelecto en enero como autoridad de la casa, incluso con cierto acuerdo del PT, que no competirá por el liderazgo.
Esta adaptación al nuevo oficialismo por parte de quienes hasta hace poco eran bolsonaristas se proyecta en otros órdenes de los Poderes Públicos del Estado. Tanto en las Fuerzas de Seguridad como en las Fuerzas Armadas también parece haber un reacomodo institucional a los nuevos tiempos.
Estructura y ejes del nuevo Gobierno
El diseño del nuevo Gabinete sigue dos líneas organizadoras: en primer lugar, el carácter de Frente Amplio Democrático con el que se compuso no sólo la fórmula presidencial, sino la alianza electoral (bloque electoral). En segundo lugar, el armado del nuevo Gobierno tuvo que incorporar el resultado de negociaciones ocurridas durante el tiempo de la transición para garantizar los recursos públicos necesarios para sostener los programas de asistencia social durante los próximos años y sin los cuales el nuevo Gobierno de Lula encontraría muchas dificultades de inicio; este sería el “bloque de transición”, todavía más inorgánico y distante a las propias posiciones del PT. Se trata de dos bloques diferentes, con distintos tipos de pedidos. A ellos se podría sumar una tercera parte a considerar, la que tiene que ver con la correlación de fuerzas estaduales, un aspecto muy desarticulado luego de los cuatro años de Bolsonaro y que Lula quiere aprovechar para robustecer su gobernabilidad.
En líneas generales, y más allá de las identidades múltiples que compondrán el Gabinete, está claro que los ministerios clave –Hacienda (Fernando Haddad), Casa Civil/Jefatura de Ministros (Rui Costa) y Relaciones Exteriores (Mauro Viera)– serán del círculo cercano al presidente, al igual que Desarrollo Social (Wellington Dias), Luiz Marinho (Trabajo), Margareth Menezes (Cultura) y Flávio Dino (Justicia).
El retorno de un Gobierno popular
Los embates finales del bolsonarismo, con sus actos vandálicos y su movilización en frente de algunos cuarteles del Ejército, tienden a deshacerse progresivamente porque el resto de la sociedad ya comienza a ver con bastante expectativa el cambio de Gobierno.
Si el bolsonarismo no consigue concentrar la crítica futura a Lula, puede ser que las diferentes demandas corporativas (mediáticas, empresariales e incluso internacionales) lo hagan sin una mediación político-partidaria, lo que no siempre termina siendo muy auspicioso. Valen como ejemplos las editoriales de los principales frente a la designación de Mercadante. Los primeros tramos del nuevo gobierno serán de permanente equilibrio; la cohesión entre los diferentes bloques, así como la orientación general hacia la sociedad, serán los pilares de la gobernabilidad.
Es un escenario bien diferente al primer Gobierno de Lula del 2003. Ahora hay una inflación alta (para los parámetros brasileños), tasas de interés elevadas, una inversión pública muy baja (0,21 %) y un escenario del sector externo más complejo. Todo ello sin mencionar un muy deteriorado panorama social, una precarización del mercado laboral y cuentas fiscales desordenadas. Tendrá Lula que volver a rediseñar diferentes pactos entre Estado y Mercado, con las infinitas dimensiones y desdoblamientos que eso supone.
