Por Néstor Belini
El atentado contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la República Argentina y legisladora, Cristina Fernández, es una deuda pendiente en varios sentidos.
El abordaje social y el judicial son los dos más resonantes.
El primero lo es por la falta de profundización del debate sobre el hecho en sí y por las consecuencias para el sistema político, no solo nacional sino también regional, que habría generado de haber tenido éxito.
El segundo lo es porque exhibe que la investigación judicial ha avanzado a regañadientes, temerosa de afectar intereses ocultos detrás de las responsabilidades intelectuales del hecho más grave desde el advenimiento de la democracia tras la violencia sistemática, planificada y direccionada, que ejecutó la dictadura cívico militar durante 1976 y 1983.
51 días pasaron desde la noche del 1 de septiembre cuando Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces a centímetros del rostro de la vicepresidenta.
El abordaje periodístico exhibió una nueva grieta en el ejercicio de una profesión que necesita repensar sus prácticas en tiempos de nuevas tecnologías y comunicación de masas como nunca se pensó, pero también de imprescindibles imperativos éticos.
En este sentido, hubo medios y periodistas que abordaron la información con sentido crítico, mientras que otros, la mayoría, se dedicó a minimizarla o restarle gravedad. En esta vía se encuentran quienes difundieron la versión de “un loquito suelto”.
El crecimiento de posiciones y acciones que respaldan salidas violentas para problemas complejos, como lo son los que atañen a la cosa pública, impiden y ocluyen el indispensable debate público que puede despejar el camino para avanzar en las soluciones o respuestas que disminuyan niveles de tensión social.
Entre los debates que resta dar para que la violencia no se adueñe de la vida de los argentinos, se encuentra analizar que la democracia no ha logrado dar las respuestas que las clases sociales más agredidas por la dictadura cívico militar y las políticas de sello neoliberal que le siguieron, esperaba con renovada esperanza.
También coadyuva al crecimiento de posturas violentas, que no son novedosas en la historia nacional y latinoamericana, que el sistema político –también se podría incluir el judicial- exhibe una anemia insoportable a la hora de defender los intereses nacionales y los de los trabajadores ocupados y desocupados que pasan por situaciones de privaciones intolerables. No obstante, en función de la toma –individual y colectiva- de decisiones para abordar aquellas situaciones, en este punto se puede sostener, sin ambages, que aquellos no son impulsores de salidas violentas que pongan en riesgo la institucionalidad del país.
La versión del “lobo solitario” va quedando desvirtuada por una investigación que avanza muy a pesar de las aullantes evidencias que, con el grado de probabilidad que la etapa investigativa requiere, permiten sostener que Sabag Montiel y Brenda Uliarte no eran dos “monotributistas” con un sentido muy especial del patriotismo.
Es un dato de la parsimonia judicial, que las recientes detenciones fueron producto de medidas que propusieron los abogado de Cristina Fernández, a partir de la constitución de querellante en la causa que investiga a la organización Revolución Federal.
Aquella falta de “entusiasmo” para investigar un hecho de relevante gravedad institucional les otorgó 51 días de ventaja a los sospechosos, tiempo en que pudieron borrar mensajes y obstruir la investigación.
El dato cobra relevancia puesto que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, dio numerosas entrevistas que lo ubicaban como probable sujeto de investigación en alguna de las posibles líneas investigativas que llamativamente demoraron más de un mes en desarrollarse. Abona este sendero que Morel y sus seguidores protagonizaron violentas acciones a cara descubierta, ante la televisión y la pasividad de las fuerzas de seguridad.
En su visita a Paraná, el expresidente Mauricio Macri, en declaraciones que reprodujo Diario Uno de Entre Ríos, manifestó, respecto de las detenciones de cuatro miembros de la organización que habría recibido un millonario financiamiento de empresas que pertenecen a familiares de un ex ministro de su gestión: «No tengo idea, estoy acá desde temprano así que no sigo el día a día.
Esperemos que la Justicia aplique, que actúe, que nos quedemos todos tranquilos. La agenda de los problemas diarios en Argentina es tan grande que creo que todos los argentinos están focalizados en cómo sobrevivir a un cien por ciento de inflación o al avance del narcotráfico o los conflictos que tenemos diariamente».
Las definiciones de Macri dejan elementos para entender el actual estado de situación en la política nacional.
Que manifieste, siendo la principal figura de la oposición, que no tiene idea de las detenciones ordenadas en la investigación que trata de determinar el accionar de Revolución Federal como ideóloga y ejecutora de medidas de desestabilización y hostigamiento, real y virtual, de funcionarios del oficialismo, exhibe un desprecio por las instituciones de la democracia, institucionalismo que ensalza en sus discursos cada vez que tiene un micrófono a mano. Además, denota una desinformación que debería preocupar a su entorno y a sus asesores.
Macri sostiene, en una expresión de campaña, que la “agenda” de los argentinos está saturada por la acuciante situación económica y en cómo sobrevivir a un incontenible proceso inflacionario.
Así, en una estocada doble, omite responsabilidades propias y minimiza el ataque, restándole importancia y descontextualizándolo de las condiciones que lo hicieron posible.
Desde el fin de la dictadura cívico militar y el comienzo de una nueva etapa democrática, incipiente aún a pesar de sus casi cuarenta años de institucionalidad ininterrumpida, nunca, ninguna propuesta política, como ahora, propuso la violencia como forma de diálogo político. Este es otro debate que en estas especiales condiciones es imprescindible dar. Para no tener que desandar un nuevo camino de horror y muertes que se podían evitar
