Por Carlos Heller
El Indec acaba de publicar los indicadores sociales de pobreza e indigencia y los datos no dejan de preocupar, más allá de que se observa una ligera mejora respecto de un año atrás.
En cuanto a la indigencia, el primer semestre del año muestra que un 8,8% de la población no poseía ingresos suficientes para acceder a una canasta mínima de alimentos. En tanto, en el primer semestre de 2021, a la salida de la pandemia, este valor era del 10,7%. De un universo total de 29 millones de personas que releva el Indec, la indigencia aún sigue afectando a 2,55 millones de argentinos.
Se trata de una problemática que nunca se debe naturalizar, y menos aún teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial. No hay una restricción o “escasez” por el lado de la oferta.
Uno de los principales condicionantes está en la esfera de la determinación de precios (también del lado de la oferta), ya que unos pocos sectores concentrados están fijando valores que incluso exceden a los del mercado internacional. Al comparar la evolución interanual del precio interno con el índice de precios de los alimentos calculado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) —primer semestre de 2022 respecto a igual período del 2021—, se observa que los precios locales se incrementaron 7 puntos porcentuales por encima de los internacionales, todo medido en dólares. Una brecha significativa e injustificada.
Ante esta situación en materia de precios, vuelvo a sostener lo que siempre digo: no hay razón macroeconómica por el lado de los costos que explique este comportamiento, dado que en conjunto, los salarios, las tarifas o el tipo de cambio han estado por detrás del sendero seguido por los precios. Entonces, la gran causa que explica la inflación viene por el lado de los márgenes de ganancia y por la especulación, dos cuestiones que están asociadas y que manifiestan la puja distributiva existente.
Por su parte, los datos de pobreza muestran una reducción del porcentaje de personas que se encuentran en este segmento: pasaron del 40,6% en el primer semestre 2021 al 36,5% en el primer semestre 2022. En cifras absolutas, casi un millón y medio de personas dejaron de ser pobres en los 31 aglomerados urbanos. En gran medida, esta evolución se vincula con el aumento del empleo. Según informó el Indec, en el segundo trimestre de este año la Argentina contaba con 12.993.265 personas trabajando, cifra que implica un incremento interanual del 8,4% y permite alcanzar el máximo registro de la serie, que comienza en 2003.
De cara a lo que viene
La economía argentina se encuentra en expansión desde hace 16 meses, y así y todo parece no alcanzar para mejorar la distribución del ingreso. Como mencionamos en otras oportunidades, el crecimiento de la actividad sirve para incentivar el necesario círculo virtuoso de la producción, el empleo y el consumo, pero no resulta suficiente para satisfacer las necesidades de toda la población cuando los fijadores de precios se terminan apropiando de los beneficios del crecimiento.
Por esta razón, y dado que el mercado no “derrama”, no se puede descansar en los “pactos de caballeros”. Se requiere de la intervención del Estado, entre otras cuestiones, llevando a cabo una eficiente fiscalización en las cadenas de valor de las grandes empresas —muchas de las cuales han obtenido importantes ganancias en los últimos años—, colocando márgenes adecuados y sancionando los desvíos.
Dada la aceleración de los precios reciente, es de esperar un empeoramiento de los indicadores sociales. De hecho, como resultado de lo sucedido con los precios, la Canasta Básica Total (que se usa para el cálculo de la pobreza) sufrió en agosto un incremento del 7,6% (superior al 7,0% del IPC), el segundo más alto desde que se publica la serie (el más alto fue el de septiembre de 2018 con un 8,1%).
Hay mucho por hacer y es una tarea de largo aliento, que va más allá de 2023.
El Gobierno ya dio un paso importante para estabilizar el mercado de cambios a partir de la decisión de incentivar temporalmente las liquidaciones de soja a un dólar diferencial de $200. La medida resultó de una gran efectividad. Según informó el ministro Sergio Massa, se liquidaron U$D8.123 millones, que redundan en un fortalecimiento de las Reservas. Participaron más de 32.000 productores individuales y unas 12.500 empresas.
