La Ley de Talles, sancionada en 2019, dará un nuevo paso hacia su implementación efectiva. El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, confirmó que en agosto estarán los resultados del Estudio Antropométrico Nacional Argentino, que describe las diversidades de cuerpos que hay en el país y será la base para el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Sunit). La existencia efectiva de ropa para todos los cuerpos es una demanda de grupos y activistas desde hace años, en un país donde más del 70% de las personas tiene dificultad para encontrar talles en indumentaria y calzado.
En ocho meses, el INTI escaneó a 13.276 personas de seis regiones del país para realizar el estudio. Una vez difundidos los resultados, la Secretaría de Comercio puede comenzar con la implementación. Para eso, se creará el Consejo Técnico Consultivo del Sunit, integrado por representantes de las cámaras sectoriales, de la sociedad civil, de las asociaciones de consumidores, del Consejo Federal de Consumo, de docentes de universidades nacionales, del Ministerio de Salud, del Inadi y del INTI.
El estudio se hizo con dos scanners 3D con personas que fueron voluntarias en Pilar, La Plata, Morón, Ciudad de Buenos Aires, Salta, Paraná, Comodoro Rivadavia, Neuquén, San Juan, Villa Gesell, San Rafael y Bariloche. En 15 segundos, los sensores infrarrojos registraban 400 medidas para la base de datos que será el insumo de la tabla obligatoria para la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria.
La adecuación de las empresas a los cuerpos se da en un país donde más del 70% de las personas tiene dificultad para encontrar talles de ropa y calzado y el 65,6% siente “tristeza” y cuestiona su cuerpo. Son datos de un estudio del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Unesco realizado en marzo de 2022.
Ese panorama es el que vienen visibilizando las organizaciones que lucharon por años para lograr la Ley Nº 27521.
Argentina es uno de los 60 países del mundo que realizó el estudio, uno de los pocos impulsados por el Estado. En la mayoría son las organizaciones de la sociedad civil las que lo llevan adelante.
