Rusia amenaza con utilizar el petróleo del vecino Kazajistán como arma contra los países europeos que apoyan a Ucrania. Una orden judicial de este mes para cerrar la terminal de exportación en el Mar Negro durante un mes es una clara advertencia a Europa de la influencia de Rusia.
El martes, un juez ruso de la ciudad de Novorossiysk, en la costa del Mar Negro, ordenó al Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) detener los envíos durante 30 días. La suspensión de las operaciones se solicitó como castigo por una serie de “violaciones documentales” del Plan de Respuesta a Derrames de Petróleo de CPC, que se había dado a la empresa hasta finales de noviembre para rectificar.
Aunque la instalación está en Rusia, cerca del 90% del crudo que pasa por ella procede de Kazajistán. Eso la convierte en un arma ideal en el arsenal del Presidente Vladimir Putin para infligir dolor económico a sus verdugos. La interrupción del CPC eliminará hasta 1,5 millones de barriles diarios de crudo muy necesarios para el mercado mundial del petróleo, sin apenas mermar los flujos propios de Rusia.
Por supuesto, Putin no ha dicho explícitamente que ese sea su objetivo. El uso de los tribunales regionales para detener los flujos de petróleo ofrece al Kremlin una negación plausible. Pero el proceso sigue un patrón conocido.
