Por Ariel Vercelli
El 18 de junio se conoció la sentencia de la Corte Suprema sobre el caso de Natalia Denegri contra Google Inc. Se trata de un caso polémico pero que, a pesar de haber llegado a su final, todo indica que recién comienza. La periodista Natalia De Negri, actualmente viviendo en Estados Unidos, saltó a la fama mediática hace más de 25 años a través de un caso que involucraba drogas, policías, jueces federales, representantes de jugadores de fútbol y mucha televisión basura. A partir de esos contenidos que todavía circulan por la red es que De Negri le solicitó a la Justicia, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N°78 que se desindexen del buscador Google la relación entre su nombre y los videos que la involucraban en el caso de los ‘90, videos que no tienen que ver con su vida actual y que, de alguna manera, lesionan su honor. De Negri requirió lo que en Europa, pero sin regulación en la Argentina, se denomina como “el derecho al olvido”. Tanto en Primera Instancia como en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, le concedieron esta posibilidad. Pero las sentencias demostraron fragilidad y un gran desconocimiento de los fundamentos del instituto europeo. Ello le permitió a Google apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando “violación a la libertad de expresión”. La Corte falló por unanimidad rechazar la demanda. Es decir, la periodista no podrá exigir vía judicial que Google desindexe los videos que ella considera lesivos. Concluyen los jueces que “en las circunstancias analizadas, no se advierte fundamento constitucional ni legal alguno que sustente la pretensión de De Negri”. La Corte entendió que se ponían en juego, por un lado, la libertad de expresión y, entre otros, el derecho a la memoria colectiva. Es obvio que para Natalia De Negri el fallo es injusto y representa una doble victimización. Así lo manifestó inmediatamente a través de los medios. Sin embargo, además de revertir dos fallos de primera y segunda instancia, sin mucha coherencia jurídica, los fundamentos de la Corte parecen indicar un buen camino para continuar (en algunos puntos será, tal vez, iniciar) un debate tan complejo como urgente y necesario sobre el uso intensivo de herramientas informáticas poderosas, como los algoritmos y las inteligencias artificiales, a luz de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional.
