Por Andrés Asiain
El pago de impuestos siempre es un asunto recurrente y controversial. Sin embargo, poco se habla de lo que “no se paga”, sea por evasión o por elusión. En el primer caso, se hace incumpliendo la ley. Y en el segundo, se logra gracias a que la ley ofrece un tratamiento impositivo preferente en determinadas situaciones. Se suele discutir mucho sobre la evasión, pero muy poco de la elusión, y tanto una cosa como la otra contribuyen a que cualquier sistema tributario padezca un flujo de filtraciones de grandes dimensiones. A pesar de todo lo que se publica, el nivel de recaudación en Argentina está por debajo de los estándares internacionales. La presión fiscal en 2022 es del 28,8% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 34,3%. La lucha contra la evasión es la tarea más complicada porque, aunque se persiga y se disponga de un conjunto de incentivos para evitarla, en gran medida depende de la predisposición de ciertos sectores económicos a realizar prácticas ilícitas, por afuera de la ley. Otra vía plausibles e inmediatas para mejorar el sistema tributario es erradicar la elusión. La clave está en una mejor redacción de la base legal de cada tributo, de forma tal que no se permita un uso abusivo de las ventajas fiscales, sin razón económica ni social. En Argentina, aprovechándose de la letra pequeña de la ley y gracias a una ingeniería fiscal muy bien desarrollada por sus equipos técnicos las grandes empresas dejan de pagar en impuestos el equivalente a un 2,74% del PIB. O, lo que es lo mismo: se pierde un 9% del total de recaudación. Otro ejemplo se encuentra en la exención del impuesto a las ganancias para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En el año 2021 dejaron de pagar 41.285 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son un grupo de poder que logró este beneficio para sí sin que eso tuviera ninguna repercusión social. Si se estableciera lo contrario, o sea, que paguen su correspondiente impuesto sin exenciones, se acabaría esta fuga anual que equivale al 21% del presupuesto anual del Ministerio de Salud, o al 665 % del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Todos los que hablan de equilibrio fiscal siempre se olvidan mencionar las fugas permitidas por ley, y de la que se aprovechan los que más tienen.
