La destitución de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, generó virulentas reacciones de parte de un grupo de fiscales que no aceptaron el veredicto.
Por Néstor Bellini
Ataques verbales a vocales del Superio Tribunal de Justicia (STJ) en medios de comunicación, furiosos cuestionamientos en audiencias públicas a un fallo del Alto Cuerpo, y el accionar de grupos libertarios, aportaron a profundizar una grieta que sólo se puede cerrar con más institucionalidad y más Derecho.
Hay silencios que ensordecen. El oxímoron es pertinente para tratar de abordar la conducta adoptada por el procurador general de la provincia, Jorge García, cuando decidió no acudir a la convocatoria para participar de la reunión de Acuerdo General del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del 31 de mayo, donde se iban a tratar (…) “importantes temas institucionales que hacen a la función diaria y a la gestión, que son indelegables para quienes ocupamos lugares de decisión dentro de la estructura del Poder Judicial”.
Aquella figura también sirve para tratar de entender el silencio del Ministerio Público Fiscal (MPF) ante el ataque del que fueron víctimas abogados defensores que ejercen un derecho consagrado en la Constitución Nacional en representación de funcionarios y ex funcionarios públicos acusados de delitos contra la Administración Pública. Distintos organismos se pronunciaron repudiando la emboscada que sufrieron un grupo de defensores, algunos de ellos de dilatadas y prestigiosas carreras.
La Cruzada
El preámbulo de aquellas situaciones fue el jury que destituyó a la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, por mal desempeño de sus funciones en la causa denominada Contratos en la Legislatura. El proceso quedó signado por los ataques, primero al Honorable Jurado de Enjuiciamiento, y luego a los vocales del Alto Cuerpo que lo integraron en representación del Poder Judicial.
Las manifestaciones de fiscales en medios de comunicación no solo sonaron destempladas y desajustadas respecto del proceso, sino que remitieron a una especie de rebelión para “instaurar” un Estado de Derecho que consideraron vulnerado por un proceso que se celebró dentro de las normas que regulan el jury. Lo que quedó como saldo de tanta “furia” fue “la mera disconformidad” con el veredicto, que fue recurrido y sigue los caminos institucionales, que un pequeño grupo de fiscales desconoció y pretendió clausurar con un veredicto de no culpabilidad.
El punto más alto de la “cruzada” de los fiscales fue el comunicado que firmaron 102 funcionarios antes del inicio del jury. Allí sostuvieron, que “en los próximos días -2 de mayo- iniciará un proceso de destitución claramente ilegal e ilegítimo, desconociendo así garantías básicas que nuestra Constitución Nacional reconoce a todo ciudadano para transitar un juicio justo”. Concomitante a aquella manifestación, se desarrolló en medios de Buenos Aires y algunos locales, una campaña informativa que corrió el eje del motivo del jury, colocándolo en una suerte de sanción por la lucha contra la corrupción que la destituida fiscal encabezaría. Todo muy desbordado.
Un manto de sospecha
Que Goyeneche hay intentado, en su defensa, correr el eje del motivo del jury no es un problema. Le asiste esa posibilidad. Lo que resultó preocupante fue la actitud de algunos de sus subordinados mientras se desarrollaba el proceso. El MPF actuó con mano dura cuando ciudadanos disconformes con el accionar de algún fiscal, manifestaron en la explanada de Tribunales su malestar. En un caso hubo procesamientos y en otro, duras advertencias respecto a que no se iba a tolerar que se pusiera en duda la honorabilidad y la conducta de aquellos funcionarios. Cabe preguntar si se va toma similar determinación respecto de los fiscales que tendieron sobre el Poder Judicial un manto de sospecha, no sólo injusto y no ajustado a la realidad, sino difícil de descorrer en un contexto social de desconfianza en las instituciones.
También vale preguntar qué decisión se va a tomar con los fiscales que observaron el desubicado accionar de grupos libertarios que agredieron a defensores en un salón de audiencias, en los pasillos de Tribunales y en la calle. Fuentes judiciales precisaron que Fiscalía está investigando el grave hecho y ya le tomó declaración informativa a uno de los abogados agredidos. La fiscal que tiene en sus manos la investigación ¿qué actitud tomará con sus colegas, de los que uno es su superior? Sería saludable que si no existiera ningún obrar negligente de los dos ficales que participaron de la audiencia del escándalo, fuese informado a la sociedad.
Templanza
No todo está perdido. Hay actitudes, que, en medio de una crisis, ponen las cosas en perspectiva y aportan a transitar el camino del diálogo y la reparación. Susana Medina, presidenta del STJ asumió en el cargo en medio del conflicto que dividió aguas en el Poder Judicial como nunca antes lo hizo otro. La prudencia de la vocal para transitar turbulentos momentos y la paciencia de los demás vocales fueron decisivos para que los puentes no se dinamitaran.
El Derecho es cuestión de interpretación. Las leyes son interpretadas por los operadores del Derecho. Prueba de esto son las distintas instancias por las que transita una sentencia, que es revisada por Tribunales superiores que pueden convalidar el fallo o revocarlo. Por esto es que las expresiones de un grupo de fiscales sonaron desaforadas. Como cruzados, apelaron a una interpretación dogmática del Derecho y atacaron a funcionarios y sentencias, con eslogan que nada aportaron a un debate racional y fundamentado.
Igual abordaje hicieron con el polémico fallo Cozzi, no por sus fundamentos –que son compartidos por letrados de filiaciones partidarias antagónicas, y claro, debatibles– sino por los destemplados alegatos que se escucharon en audiencias en las que se dictó la insubsistencia de la faculta del MPF de seguir investigando en causas por supuestos delitos de corrupción, por caducidad de la acción penal, de la que los fiscales son los únicos responsables. Cozzi establece que ante cada vencimiento de los plazos para seguir investigando se debe solicitar ante el juez de Garantías una prórroga, que deberá estar fundamentada. En este escenario, ningún juez denegaría una prórroga para continuar investigando delitos contra la Administración Pública.
