Por Gonzalo Díaz
Por estos días y tras un fallo judicial muy discutible han aparecido voces que atacan al gobierno nacional, al ministerio de Defensa y al Ejército Argentino, atribuyéndoles complicidad o inacción ante la entrega de patrimonio estatal. Es por una fracción del inmueble asignado en uso y administración a la Escuela Militar de Montaña, en Bariloche. Dejemos para otro momento analizar el reclamo concreto, los procedimientos administrativos y judiciales, el reconocimiento a los pueblos originarios y el ordenamiento territorial en aquella ciudad.
Patrimonio estatal
Vayamos a la cuestión de la defensa del patrimonio estatal. Lo defendemos y celebramos que haya interés en defenderlo. Sospechamos sin embargo de algunos defensores -súbitos, tardíos y contradictorios- que por sus antecedentes más parecen preocupados en golpear al Gobierno que en defender al Ejército, la Escuela Militar de Montaña o los inmuebles del Estado.
Es que los mismos que convocan a marchas y alegan traición a la Patria han tenido conductas muy distintas cuando han podido actuar y decidir. En materia de tierras asignadas en uso a las Fuerzas Armadas, estos denunciadores de indignación selectiva promovieron la enajenación y el despojo de manera abierta y recurrente. Recordemos algunas de sus acciones entre 2016 y 2019, bajo la cobertura del decreto 225/2017 dictado por el gobierno PRO Radical.
Negociados inmobiliarios
Vendieron dos manzanas en Palermo en pleno uso, una por Sastrería Militar y otra por la Obra Social de las Fuerzas Armadas. Para la venta fueron tasadas como para construir en baja altura, pero apenas vendidas se modificaron los indicadores habilitando la construcción de grandes edificios en torre. Lo mismo sucedió, a pocas cuadras de allí, con el estacionamiento de las viviendas militares en calle Soldado de la Independencia. Ya no asignado al Ministerio de Defensa, corrió igual suerte el edificio histórico del Instituto Antártico Argentino de calle Cerrito. Sin que los escandalizados actuales dijeran nada ni convocaran a marchas ni abrazaos simbólicos, vendieron o aplaudieron la venta de 8.500 has del Campo General Paz, en Ordóñez, provincia de Córdoba, y otorgaron créditos desde el Banco Nación a los adquirentes para que puedan comprar esos campos; que van así pagando a dólares de 19 pesos con una partecita de lo que cobran por granos producidos en esos mismos campos, cotizados en dólares de hoy, oficiales o “blues”. El remate de las 4.000 hectáreas restantes, dispuesto por decreto y con fecha establecida para marzo de 2020, quedó sin efecto por decisión del actual gobierno. Por si fuera poco, se investiga en tribunales que para hacer esto habrían utilizado un documento en que el Ejército Argentino declaró innecesario el campo, documento que no parece tener la firma de nadie.
Los campos de Entre Ríos
También dispusieron la cesión de instalaciones de la Base Aérea de Moreno a la empresa de cargas Vía Bariloche, con poca transparencia y sentido, ya que se trataba de una adjudicación directa y gratuita. La funcionalidad militar de la Base de Palomar, asiento de la I Brigada Aérea, fue degradada para subsidiar a empresas amigas de “low cost”.
El gobierno actual anuló esas y otras enajenaciones que también tenían avanzadas y previstas, como el Centro de Ciberdefensa en Puerto Madero, el Campo Los Andes en Mendoza, el cuartel histórico del Regimiento IX en la costanera correntina, Punta Delgada en Península Valdés, los viejos polvorines de Crespo, y las 5.000 hectáreas del Haras General Urquiza, en Arroyo Clé, cerca de Gualeguay. Son los mismos que además disolvieron las Divisiones de Ejército y buscaron ir cerrando la guarnición de Campo de Mayo, preparando un camino de cesiones de tierras para usos privados, camino que mereció inmediata revisión en diciembre de 2019.
Los ausentes de siempre
En cuanto al terreno en litigio en Bariloche, los mismos que denuncian ahora no tuvieron ninguna actuación administrativa conocida para defender lo que ahora abrazan. Y si se observa la votación en el Senado de la ley 27.400 (Prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena) vemos la actuación del oficialismo de entonces:
UCR: abstención 2; afirmativo 4; negativo 1; ausentes 9.
PRO: abstención 3; afirmativo 1; negativo 1; ausentes 5.
Caben legítimas sospechas, entonces, sobre la motivación y el interés de esta “defensa” del patrimonio estatal por parte de semejantes voceros, de lágrimas de cocodrilo y gritos de tero.
