Por Carlos Heller
El proceso inflacionario argentino no responde a ninguno de los diagnósticos tradicionales: ni a los salarios, ni a las tarifas, ni al tipo de cambio, ni a la emisión monetaria. Todas estas variables vienen por detrás del aumento de los precios. ¿Qué es lo que explica este incremento desmedido? A mi juicio, dos cuestiones: por un lado, las expectativas y, por el otro, la puja distributiva.
Las expectativas son supuestos sobre lo que podría suceder y, como tales, generan efectos aun cuando lo que anticipan no termine sucediendo: si se instala un rumor, por ejemplo, de que se van a producir cambios en el gabinete, ciertos actores económicos podrían aumentar los precios o los stocks, entre otras decisiones, ante el riesgo supuesto de que los nuevos funcionarios pudieran generar una devaluación.
La puja distributiva, por otro lado, es la disputa entre los distintos actores de la economía en sus intentos por apropiarse de los beneficios de la expansión económica. En la Argentina el PBI ha crecido un 10,3% durante 2021, en el mismo período ha aumentado el consumo en un nivel similar, ha bajado el desempleo, ha subido el empleo y se reabrieron una gran cantidad de empresas luego de que miles de ellas, sobre todo pymes, cerraran durante la gestión de Mauricio Macri.
Los afectados de siempre
En tanto, el Gobierno interviene en esa puja distributiva defendiendo los intereses de los trabajadores y otros sectores populares. Partiendo de los datos del Indec, durante el primer trimestre de 2022 los salarios reales del sector privado registrado crecieron 1,9% y los del sector público 4,9%, alcanzando el mismo nivel que tenían en diciembre de 2019. En la actualidad se están cerrando paritarias al 60%.
Los haberes jubilatorios también continúan mejorando (6% en el cuarto trimestre del año pasado y 1% en el primero de 2022). Con la actualización del 15% correspondiente a junio próximo el incremento acumulado durante el primer semestre habrá sido un 9,5% superior al que se habría obtenido con la fórmula de movilidad aplicada durante la gestión del gobierno anterior.
El mayor problema continúa estando en las remuneraciones del sector privado no registrado, que cayeron 7,9% en el trimestre. Allí es donde se trata de llegar con toda una serie de medidas recientes: los incrementos extraordinarios de 18.000 pesos a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años. A ello se agregan 12.000 pesos para jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, que se suman a los 6.000 pesos que ya se les habían dado anteriormente. En total, por esta vía, 13,6 millones de argentinos y argentinas van a recibir mejoras en sus ingresos.
Traer al país lo que fugaron
Este proceso distributivo es necesario, pero no suficiente. Si no se detiene la escalada de los precios y éstos le ganan la carrera a los salarios, jubilaciones y demás ingresos, las mejoras de estos últimos duran muy poco. Se necesitan, por ejemplo, medidas para la sanción de los incumplimientos de los acuerdos de precios. También es necesaria una política hacia las grandes empresas agroexportadoras, las que están obteniendo rentas extraordinarias debido a la suba de los precios internacionales de algunos productos, generada por la guerra en Ucrania. Lograr desacoplar los precios internos de los externos de esos bienes sería un paso fundamental.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI y pasó a Diputados. La iniciativa propone un plan de regularización de quienes han llevado dinero al exterior sin declarar y, consecuentemente, sin pagar los impuestos y, por lo tanto, han incumplido con la ley. El proyecto crea un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados ante la AFIP. También impulsa un régimen penal que promueve, entre otras cosas, investigaciones para descubrir a los evasores. Estos tendrían la opción de abonar, en los siguientes 15 días a que fueran descubiertos, el 50% del valor de lo evadido y, de ese modo, quedar exceptuados de la judicialización correspondiente.
Está claro: no se está proponiendo crear un nuevo impuesto o aumentar la alícuota de un tributo existente. La medida apunta a traer al país el dinero de quienes, incumpliendo las leyes, evadieron.
La discusión es entre quienes defendemos el interés nacional y los que defienden a los evasores. Tenemos por delante el enorme riesgo de que se consolide un pensamiento que conduzca a muchos argentinos y argentinas a votar en contra de sus intereses.
