La acusada cerró su alegato y recibió aplausos de fiscales y familiares.
El fiscal ad hoc mantuvo la acusación y solicitó la destitución de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. La defensa instó la absolución. La acusada sostuvo que la nota publicada por El Diario, en diciembre de 2018, dando cuenta de la existencia de una planilla de Excel sobre gastos de un estudio contable allanado en la causa Contratos en la Legislatura, fue una “patraña”.
El Tribunal pasó a deliberar, pero no adelantó cuándo dará a conocer la sentencia.
En el cierre de los alegatos de clausura del jury que se sustancia contra la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, el fiscal ad hoc, Gastón Justet, mantuvo la acusación por presunto mal desempeño de las funciones en el contexto de la causa Contratos en la Legislatura e instó la destitución; en tanto que la defensa, a cargo de Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita, solicitó la absolución. El Tribunal de Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) se retiró a deliberar sin dar a conocer el tiempo que se tomará para dar a conocer su resolución. La fiscal enfrenta un proceso en el que se resuelve si continúa en el cargo o es apartada. Al cierre de su alocución, fiscales, familiares y allegados a la acusada, se pusieron de pie y la homenajearon con un sostenido aplauso.
Fiscal
Justet realizó un sólido y concreto alegato de cierre. Sostuvo los cargos por mal desempeño, expresó que “este proceso se llevó adelante legalmente”, acusó que la imputada incurrió en la “omisión, ocultamiento, negación de la relación de amistad, negocios y contratos”, tanto de ella como de su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, en dos contratos de fideicomiso y el alquiler de un monoambiente derivado de uno de aquellos fideicomisos, lo que entendió afectaron “en demasía la objetividad” e hizo que al no apartarse a tiempo, incurriera en la causal de destitución por mal desempeño. El fiscal sostuvo: “Vemos que el principio de objetividad fue violentado, toda la actuación es atentatoria de este principio”, añadió que “la objetividad estaba lesionada gravemente y está probado, la falta de excusación a tiempo fue probada” y consideró que aquel accionar lesionó “la imagen” del Poder Judicial y del MPF.
Justet aclaró que “este tribunal no es un Tribunal de naturaleza penal, un Tribunal sancionatorio, solo examina la responsabilidad política de la funcionaria en cuanto a las causales que la misma ley expresa”. Añadió que en el proceso se da “la circunstancia particular que se denunció a una de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF)”, completando que se dio una “suerte de interpretación pretoriana” por parte del HJE para decidir el apartamiento del órgano público responsable de la acusación, organismo del que señaló su “verticalidad”.
Descartó “una suerte de vendetta” o accionar de una “organización que quiere impedir” la investigación de delitos de corrupción. Recordó que fue recusado, que se le endilgó pertenecer a organizaciones políticas, se lo denunció en la justicia provincial. Así, aseguró que “no tengo otro interés que cumplir con mi función”. Aclaró que no pertenece a ninguna organización que pretende impedir la investigación de hechos de corrupción, no tengo interés político, ni siquiera con los denunciantes” y resaltó, en respuesta a señalamientos desde el entorno de la acusada, que no pertenece a ninguna “comisión especial” como las que existían en gobiernos dictatoriales.
Defensa
Lambruschini y Pita realizaron sendos alegatos focalizándose en la cuestión jurídica. El primero cuestionó el breve lapso de tiempo que el Tribunal les concedió para desarrollar los alegatos, señalando que solicitaron un plazo más laxo antes del comienzo del jury y fueron notificados del rechazo, el miércoles 4. Así, hizo reserva del caso federal porque consideró que se violaron las garantías del debido proceso y de defensa en juicio. También planteó la reserva del caso federal por violación del principio de congruencia y de legalidad, en atención a lo que consideró “innumerables modificaciones del hecho”. Por su parte, Pita sostuvo que el fiscal no pudo encontrar una norma en la que encuadrar la conducta que se le imputa a su defendida. Manifestó que “no se dijo dónde radica el deber legal de excusarse, el ocultamiento no existió”. En este sentido, defendió que no hubo ocultamiento porque los fideicomisos fueron registrados mediante actos públicos, no fueron subrepticiamente ocultados ni se usó testaferros. Reconoció que Goyeneche y el testigo en el jury e imputado en la causa Contratos en la Legislatura, Pedro Opromolla, dan en locación el inmueble para seguir solventando los gastos del inmueble”. También rememoró que la imputada cedió parte de un monoambiente que compartía con Orpomolla, mediante un acto “claramente público mediante instrumento notarial, a su sobrina, que tiene el mismo apellido, en forma gratuita”.
Patraña
Goyeneche sostuvo que la audiencia del viernes 7 de diciembre de 2018 ante la jueza Carolina Castagno, en la que negó la información que publicó El Diario ese mismo día, “reveló lo que sostiene la defensa, que no existió trató directo (con el contador e imputado en la causa Contratos, Pedro Opromolla), que la relación era a través de mi esposo que sí era amigo de él” y calificó a aquella información como “una patraña orquestada por un grupo de abogados y usada para recusarme, eso quedó demostrado”. Goyeneche no dio ningún fundamento de su afirmación.
La “patraña”, como se develó en el jury, fue usada por la misma acusada para defenderse, fue reconocida por todos los testigos y consta en el legajo de investigación. Como el procurador general, la imputada eligió el ataque a los medios y refirió a “inframundos periodísticos”, pero lo hizo respecto de “algunos medios, no todos”, para no incurrir en una injusta generalización como lo hizo su superior.
La Real Academia Española sostiene que la definición de patraña tiene dos acepciones: “Invención urdida con el propósito de engañar” y “relato breve de carácter novelesco”. La información dio cuenta de una planilla de Excel sobre gastos compartidos por los integrantes del estudio Integral Asesoría, del que dos testigos en el jury, como lo destacó Justet, dijeron que Orlando Bertozzi era asiduo concurrente. Fiscalía que atribuye al estudio un rol determinante en la causa Contratos. Así, lo que quedó demostrado es que no hubo ninguna invención urdida para engañar, solo información concreta.
De relato novelesco tampoco tuvo nada aquella nota. Tal vez el relato novelesco esté en la idea de una “comunidad de intereses” entre periodistas y abogados, de la que no dio un mínimo indicio. Si de novelas se trata, se podría “novelar” que las notas periodísticas que dan cuenta de investigaciones que dejan muy bien parada a Fiscalía, sin señalar la fuente ni poner en boca de nadie el relato del hecho, es una “patraña” “orquestada” por fiscales y periodistas para fortalecer el hecho imputado a un ciudadano y ciudadana y así allanar el camino para una sentencia condenatoria.
Kirchnerismo
Legisladores nacionales y provinciales de Juntos por Entre Ríos manifiestan su preocupación sobre el desarrollo del jury. Se sostuvo que “el trámite de enjuiciamiento se ha visto caracterizado por una preocupante secuencia de irregularidades de enorme gravedad institucional que genera una sensación de zozobra en la sociedad”. Criticaron el apartamiento del MPF “en el rol acusador” y el “reemplazo por un Fiscal Ad-Hoc, surgido de una lista de conjueces, luego de 16 rechazos consecutivos y que, casualmente, había sido concejal y candidato a intendente en Gualeguay del oficialismo, entre otras medidas dictadas en grosera contradicción con el ordenamiento legal de nuestra provincia y la Constitución Nacional…”. También se consideró que aquello fue “generantes de un clima de amplia desconfianza social y sospecha sobre la verdadera motivación del proceso”. Los legisladores, finalmente, exhortaron “a los miembros del jurado a que actúen con ecuanimidad, impidiendo intromisiones como las que acostumbran hacer el kirchnerismo y demuestren así que este proceso no se llevó adelante con la intención de castigar a quienes deciden investigar la corrupción”.
En la última jornada del jury la defensa de Goyeneche recusó al vocal Juan Ramón Smaldone. Fuentes judiciales precisaron que fue porque el Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio de la causa en la que se sobreseyó al ex gobernador, Sergio Urribarri, y dos ex funcionarios. En la causa está imputado el exministro de Trabajo e hijo del vocal, Guillermo Smaldone, quien no fue parte de la audiencia en la que el juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, dictó los sobreseimientos por la caducidad de los plazos del MPF para seguir investigando. Las mismas fuentes precisaron a El Diario que el HJE reechazó el planteo por “inviable y extemporáneo”. Señaló que no crea ningún elemento nuevo para su procedencia. También se deslizó que el Tribunal sostuvo que Goyeneche no tuvo participación en el pedido de remisión de aquella causa a juicio.
