Por Gerardo Javier Robín (*)
El ser humano desde hace decenas de miles de años vive en sociedad. No importa cuál fuera su naturaleza, ha decidido en un momento dado de la historia agruparse y fijar reglas de convivencia y asegurar en la medida de los posible su bienestar.
De allí que de todas las formas de organización social surge el Estado como denominador común de todos los grupos humanos, sin excepción. De esta manera podemos afirmar que sin Estado no hay justicia, no hay leyes y no existe autoridad que controle y administre expresiones que denotan la realización de tales objetivos a través del ejercicio de los tres poderes.
De esta forma se nos presentan los tres poderes del Estado, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Legislativo dicta las normas o las leyes que regirán la vida en sociedad en todas sus formas y dimensiones; el Ejecutivo administra los fondos o recursos, plantea acciones generales y ejerce el poder de Policía; el Poder Judicial, a su vez, es el encargado de velar por la vigencia y cumplimiento de las leyes vigentes interviniendo en cada oportunidad que se suscita un conflicto entre los particulares, entre sí o entre estos y el mismo Estado.
De los tres poderes me quiero detener o intentar reflexionar acerca del accionar de la Justicia de nuestra ciudad, más precisamente aquella avocada a los problemas familiares, encargada de administrar justicia ante los conflictos que se presenten en el seno de esta institución social medular, rama jurídica que, junto al derecho penal, se erigen en columnas vertebrales o pilares custodios de una pacífica convivencia.
Abordar el flagelo
En ese orden de ideas, no caben dudas que uno de los flagelos sociales más cruentos lo constituyen los casos de violencia familiar y, en especial, aquellos denominados como “Violencia de Género”, en los que el Estado en los últimos años ha dictado normas tendientes a la justa y debida protección de la mujer ante los repudiables ataques que ha venido siendo víctima. No obstante, estimo que como a todo flagelo se lo debe abordar y no combatir, pues suele suceder que ante la aparición de una problemática el instinto nos impulse a atacar y no a solucionar el inconveniente a partir de un abordaje que nos permita visualizar la totalidad de los factores que confluyen, para encaminar las acciones que permitan su erradicación, evitando causar daños que a la postre sean factibles de tornar inocua dicha solución.
Por eso, los jueces, deben administrar justicia en cada caso concreto y no tratar a todas las situaciones por igual. Además, tienen y deben utilizar todos los recursos para proteger a la mujer, pero nunca perder de vista que tanto el hombre y la mujer son sujetos de derecho y por más que la ley, en los caos de denuncia por supuesta violencia de género, establezca medidas urgentes para proteger a la víctima, no los habilita a tratar al hombre como un verdadero parea. Nadie discute que es justo y sumamente acertado que se fijen medidas de restricción y exclusión según el caso, empero, no suele ser justo que el hombre quede en la calle y que, despojado de todo, deba iniciar un proceso que le permita recuperar sus pertenencias, todo ello más allá de ser o no responsable del hecho que se le atribuye, pues de ser así será sujeto de medidas y sanciones previstas en el ordenamiento jurídico. Pero ello nunca debe importar el avasallamiento de sus derechos que lo emplacen en una verdadera situación de desigualdad, a la vez de hacer añicos la presunción de inocencia en juicio. Esto último adquiere connotaciones preocupantes, si tenemos en cuenta que, según fuentes judiciales de un 15 a un 30% de la totalidad de los casos las denuncias suelen ser total o parcialmente falsas.
Herramienta de paz social
Con esto para nada pretendo afirmar que nuestros magistrados estén actuando mal, sino que, como abogado vengo experimentando casos en los que la Justicia actúa de manera idéntica y automática en casos que suelen ser absolutamente distintos. Es decir, excluye y fija medidas de restricción para el denunciado y para nada efectúa el debido abordaje, a punto tal de no indagar en el momento acerca de las pertenencias de una u otro, incluso ensayar una aproximación de entrevista que permita obtener elementos inestimables en pos de solucionar el caso y evitar mayores perjuicios para todos los que se encuentran involucrados, porque el continuar de la forma en la que se viene actuando equivale a transformar estas medidas de protección en verdaderas sanciones anticipadas y desmedidas en perjuicio de una de las partes.
En otras palabras, muchas veces la Justicia de Familia de nuestra ciudad, con el afán de cumplir a ciegas la letra fría de la ley, está violando derechos y garantías que han sido reconocidas y consagradas en nuestra Constitución Nacional, como lo son la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y los derechos elementales del Ser Humano que han sido consagrados en los Tratados Internacionales suscriptos por la nación e incorporados expresamente en nuestra Carta Magna.
Por eso, debemos día a día bregar para que los miembros de nuestra sociedad utilicen el derecho como una verdadera herramienta de paz social -no como un arma- y por una Justicia equitativa y perspicaz que sea capaz de adoptar medidas correctas ante el conflicto y no sanciones desmedidas que no provengan de un abordaje consciente y respetuoso de los derechos que hacen a la propia dignidad de la persona.
(*) Abogado. Jefe del departamento jurídico de la municipalidad de Concepción del Uruguay
