Por Carlos Heller
Ingresó al Parlamento el proyecto de ley para aprobar, en los términos de la Ley Nº 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente con el FMI, contraída en 2018. Y como mencionó Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, un acuerdo “al cual siempre nos opusimos. Se trata de una deuda inmensa. Sufríamos un grave problema y necesitábamos una solución. Ahora tenemos un camino para solucionarlo”.
Es así que hoy se da la extraña paradoja de que hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al FMI, pero recibió un auténtica “bomba de tiempo” y debió sentarse a negociar con el organismo. Sólo se está haciendo cargo de lo que dejó la anterior gestión, y negociando en las mejores condiciones posibles. Por ello, no debería llamarse acuerdo con el Fondo, sino refinanciación del acuerdo que nos dejó Mauricio Macri. Nunca fui partidario de la supervisión del FMI en nuestra economía, nos llevó a miserias incontables. Pero de lo que se trata es de cómo encontrar la mejor salida posible ante una situación heredada absolutamente inviable.
Por eso no hay motivos para festejar, aunque es para valorar que se está logrando refinanciar los impagables compromisos del anterior programa, concentrados principalmente en los años 2022 y 2023, sin poner en riesgo la recuperación de la economía, evitando un acuerdo basado en políticas de ajuste y reformas que quitan derechos laborales y previsionales, como los que tanto daño han producido a nuestro país con anterioridad.
Pragmático y realista
Los principales ejes indican que se trata de un programa que no respeta la típica ortodoxia que prevaleció en el stand-by previo, avalada y fomentada por el gobierno de aquel entonces. El propio FMI señaló en su comunicado que se trata de un “programa económico pragmático y realista”. No obstante, sigue siendo un programa del organismo, con sus habituales condicionamientos que nadie querría (bastante menguados gracias a la renegociación lograda por el gobierno). Pero no podemos mirar para otro lado, porque un default sería mucho más grave que no tener programa.
Entre los cambios importantes están las referencias a la cuestión de la inflación, que en el acuerdo al que se arribó se enfoca como lo que verdaderamente es: un fenómeno multicausal. Esto implica que el combate de la misma no recaerá, como ocurrió en el anterior programa, exclusivamente en la política monetaria. En ese entonces —recordemos— se llegó a congelar el nivel de emisión, lo que generó grandes costos en términos de caída de la actividad económica, sin darle solución al problema de los aumentos de precios, más bien todo lo contrario. La estrategia se basará ahora en un enfoque de varios frentes que abarcará políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos, adecuadamente calibradas. En el memorando de entendimiento el gobierno se plantea reducir la inflación gradualmente, en un rango del 38% al 48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024.
La gran diferencia
Otra gran diferencia con el programa macrista es que esta vez la baja del déficit se hará sin afectar el gasto, que incluso crecería moderadamente en términos reales, priorizando los programas sociales y la inversión pública, principalmente en infraestructura y ciencia y tecnología. Con respecto a los subsidios energéticos, se avanzará en el tiempo hacia tarifas “razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, con un esquema de segmentación que enfoque los esfuerzos del Estado nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago. Los usuarios residenciales beneficiarios de la tarifa social tendrán aumentos del 40% del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior (CVS); y para el resto, excluyendo al 10% de la población de mayor capacidad económica, el incremento será del 80% del CVS. Un aspecto relevante tiene que ver con las responsabilidades por lo antes actuado y en el Mensaje del proyecto de ley se dice expresamente que “la firma y aprobación de este programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la República Argentina con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes, y a las que se les dará continuidad e impulso”.
Esa es la deuda y el país que nos dejaron. Y desde ahí estamos reconstruyendo.
