Por Alejandro Olmos Gaona (*)
Joe Lewis, dueño de la séptima fortuna más grande del Reino Unido, perpetró un descomunal fraude contra el Estado con la complicidad de Mauricio Macri, su ministro Rogelio Frigerio y un sector de la Justicia. Se quedó de manera ilegal con 11.000 hectáreas y el Lago Escondido.
1.
El 19 junio del año 1996, el Dr. Lisandro Allende, solicitó en su carácter de Presidente de HR Properties Buenos Aires SA la autorización para la adquisición de tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. La referida sociedad se había constituido el 19 de junio de 1994 en la Capital Federal e inscripto casi un mes después en la Inspección General de Justicia, siendo accionistas por partes iguales Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. De manera inusualmente veloz, el 2 de julio tal solicitud obtuvo dictamen favorable de la Unidad de Proyectos de Radicación, debido a que la sociedad peticionante era una “persona jurídica argentina”, con un presidente argentino. El trámite se completó el 22 de agosto cuando se confirmó la autorización concedida, con relación a una mayor superficie del terreno a adquirir, que de conformidad con el plano definitivo era de 8.063 hectáreas.
Aunque la presentación había sido hecha a nombre de la referida empresa, un mes antes, el 5 de mayo, Properties Buenos Aires SA se había convertido en Hidden Lake SA, cuyas 11.999 acciones estaban en poder de una sociedad británica denominada Lago Corp. representada por Alfredo Rovira y Charles Barrington Lewis con 1 acción, quien es ciudadano inglés. Esta sociedad con nombre distinto realizó la escritura de la propiedad a su favor, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad de Río Negro, y donde se consigna que la misma se encuentra en zona de seguridad de fronteras. Es decir, se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra.
2.
Cuando Allende inició el trámite para obtener la aprobación lo hizo a sabiendas de que la sociedad se había modificado, estando constituida por capitales extranjeros, falseando los datos suministrados a la autoridad pública. De esta manera se celebró una escritura en clara infracción a las disposiciones del Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, ya que la norma citada creó zonas de seguridad que presentan un valor estratégico para la defensa de la integridad territorial de la Nación.
La norma establece que ningún extranjero puede tener propiedades en zonas de frontera, excepto que esté casado con una argentina, tenga hijos argentinos y viva permanentemente en el lugar con un proyecto a desarrollar aquí.
En este caso, no se daba ninguna de las circunstancias ya que ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera Hidden Lake SA estaban casados con mujeres argentinas, ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Pero además obtenida a través de una maniobra claramente fraudulenta, disfrazando de nacional a lo que era una sociedad integrada por personas físicas y jurídicas extranjeras.
3.
Continuando con la maniobra ilegal, en el mes de septiembre el ciudadano británico Charles Barrington Lewis, se presentó en representación de los intereses de Hidden Lake SA solicitando ante la Comisión de Zonas de Seguridad, mediante un trámite abreviado, dos autorizaciones adicionales para la aprobación de la compra de 2.760 hectáreas más en la misma zona de seguridad de fronteras. Manifestó que la sociedad no había variado la composición de su Directorio, ni la integración de su capital social. Esto era cierto en ese momento, pero el detalle fundamental, es que la sociedad había cambiado su capital social, que era distinto a los declarados en el momento de pedir la primera autorización para la compra de las tierras.
El 10 de diciembre, Charles Barrington Lewis, uno de los socios de Hidden Lake informa a la Superintendencia Nacional de Fronteras que el 29 de agosto había sido modificado el Directorio y el quedaba como único director. En virtud de ello y a pesar de los antecedentes existentes de la modificación societaria, el 13 de diciembre se autorizó la compra.
Mediante tales artimañas jurídicas en la que intervinieron importantes abogados y funcionarios públicos, al comprar una enorme estancia en la provincia de Río Negro se apropió del Lago Escondido, un lago de origen glaciar, que fue cercado, no permitiéndose el acceso al mismo por ningún particular.
4.
Debido a una prolija investigación, y a que los antecedentes mostraban la violación de la ley en la compra de las tierras a través de una maniobra fraudulenta, el Ministerio Público Fiscal efectuó una denuncia el 2 de noviembre de 2012, haciendo presente que la maniobra no podría haber sido realizada, sino a través de un plan concertado entre los controlantes de la sociedad beneficiada y los funcionarios públicos que intervinieron en el trámite.
A pesar del tiempo transcurrido, el Juez en lo Criminal y Correccional Federal Rodolfo Canicoba Corral recién llamó a indagatoria a los involucrados en el fraude en diciembre del año 2015, estando para esa fecha supuestamente prescripta la acción penal.
5.
Debido a los hechos relatados, tomé conocimiento que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió al Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Balbín que interviniera a los efectos de alguna acción respecto a las irregularidades del británico Lewis y la sociedad Hidden Lake. El 7 de octubre de 2016, el Dr. Balbín, habiendo analizado los antecedentes, remitió el expediente al Ministro del Interior Rogelio Frigerio a los fines de que se iniciaran las causas judiciales para declarar nula la autorización de la compra de tierras, ya que la Comisión que había autorizado la operación dependía de ese ministerio.
Balbín le recordó a Frigerio que: “De los registros de esta Procuración del Tesoro no consta el inicio de una acción de lesividad relacionada con ‘Lago Escondido’, sin perjuicio de que oportunamente los antecedentes se habrían puesto en conocimiento del Ministerio del Ministerio del Interior, conforme a lo señalado en el informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de fecha 12 de octubre de 2012”, solicitándole además que “una vez iniciada la pertinente acción se remitan los respectivos antecedentes a esta Procuración del Tesoro”.
El Ministerio del Interior ya tenía conocimiento desde octubre del 2012 sobre el fraude originario por parte de la empresa británica. Ante la nota del Procurador Balbín, el Ministerio del Interior estimó que el fraude estaba probado, sin embargo, dado el tiempo transcurrido el Ministerio comunicó al Procurador del Tesoro en marzo de 2018, “lo innecesario de la acción de lesividad”, debido a la existencia de una causa penal, la que tramitaba en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 6, Secretaría Nº 11.
6.
A pesar del conocimiento que el ministro del Interior sobre las circunstancias ilegales que rodearon la compra de tierras, decidió convalidar el fraude, no realizando ninguna de las acciones tendientes a obtener la nulidad de la escritura. El ministro Frigerio, en conocimiento de los hechos, debería haber adoptado los recaudos pertinentes para iniciar las acciones que en derecho correspondían. No lo hizo a sabiendas de que estaba convalidando un acto ilegal, y las excusas planteadas por Frigerio al Procurador del Tesoro, resultaban no sólo insostenibles, sino que mostraban el poco apego al orden institucional por los funcionarios macristas.
Denuncié penalmente al ministro Frigerio, y me presenté en la causa mostrando la impunidad de Lewis y la complicidad del Poder Ejecutivo en este acto no sólo de ilegalidad, sino de usurpación de una propiedad pública. La causa, como tantas contra funcionarios del macrismo, peregrinaron sin resultado por Comodoro Py. Me acompañaron en la denuncia el Senador Pino Solanas y el Dr. Enrique Viale.
7.
Debido a la firme posición del Procurador Balbín en este caso y en el del Correo Argentino, se le pidió la renuncia en marzo de 2018 y fue sustituido por un amigo de Macri, Bernardo Saravia Frías, quien jamás adoptó decisión alguna.
A pesar de la declaración de prescripción, la Cámara de Casación Penal en diciembre del 2017 revocó el fallo de la Cámara Federal que había sobreseído a Lewis, y ordenó que el Juzgado Federal 6 dictara un nuevo pronunciamiento. Se volvió a dictar un nuevo pronunciamiento declarando prescripta la causa, y a pesar de las sucesivas apelaciones la Cámara Federal de Casación penal, en una nueva integración, dejó firme el sobreseimiento definitivo en el año 2021. El resultado final es que Lewis sigue cómodamente en su propiedad, realizando acciones intimidatorias a los que pretende acercarse a Lago Escondido, habiendo llegado al extremo de amenazarlos con armas de grueso calibre. Las artimañas de este ocupante ilegal le permiten seguir violando la ley y a pesar de las contundentes evidencias, la justicia se rinde ante la prepotencia de este sujeto, que se burla de ella, mostrando como los que manejan el poder económico, siempre consiguen lo que quieren, y no hay funcionarios que lo cuestionen, jueces que ordenes desalojos, y grandes medios que cuestiones a estos flagrantes delitos.
(*) Historiador dedicado al estudio de la deuda externa. Es hijo de Alejandro Olmos también historiador de la misma temática y querellante en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa argentina.
