El anuncio del Gobierno nacional del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional no modificó la correlación de fuerzas, pero puso en debate a los propios frentes políticos. Cambio de nombres en el Congreso, a la espera de la convocatoria a Sesiones Extraordinarias. Gira presidencial y necesidades geopolíticas.
Por Mariano Osuna
En la mañana del viernes 28 de enero, mediante un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández confirmó el acuerdo con el FMI por el préstamo stand by otorgado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, por 45.000 millones de dólares, el valor más alto en créditos en la historia del organismo financiero. Los vencimientos de este año y de 2023 eran un condicionante demoledor respecto a las necesidades centrales del país, de una necesaria presencia del Estado, luego de dos años duros por la pandemia mundial, sumada a la crisis heredada.
Como lo advertimos en Punto y Seguido, la economía doméstica, la que atraviesa las dificultades cotidianas de los bolsillos argentinos, es la prioridad entre las demandas ciudadanas. Los números finales del 2021 marcaron una recuperación en diferentes variables de la macroeconomía, que fueron ratificados en los mercados internacionales tras el acuerdo con el FMI. Rápidamente el riesgo país retrocedió, como también crecieron los bonos casi 10 puntos, dando una imagen repetida del funcionamiento del sistema mundial, de los factores reales de poder y del circuito financiero. Una serie de maniobras y eventos grabados en la memoria y en la historia, lamentablemente conocida para Argentina, de toma de deudas, de ajustes y de pagos imposibles para los países en vías de crecimiento, ubicados como descarte de las prioridades del radar geopolítico de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los países más importantes de la Unión Europea. La fotografía que dejó lo ocurrido en los últimos años en Grecia, donde el organismo impuso privatizaciones, venta de patrimonios históricos, despidos en el sector público y un plan trágico de ajuste fiscal, conmueve nuestros recuerdos recientes, con el temor de revivir circunstancias que aún hoy dejan heridas estructurales. Pese a la estrategia mediática de las principales usinas informativas sobre el acceso al crédito internacional y ciertos maquillajes macroeconómicos, lo cierto es que el bienestar de la mayoría de la población de Grecia es mucho peor que hace una década. Las conclusiones parecen ser obvias.
Disidentes de adentro y afuera
Sin la letra chica todavía, el acuerdo logrado por el equipo económico que encabeza el ministro Martín Guzmán, aparenta una solución técnica a un problema que no tuvo conducción política ni contexto geopolítico a la hora de abordarlo. Al interior del Frente de Todos, las principales voces disidentes cuestionan las demoras del Ejecutivo en sus primeros dos años para generar y edificar un escenario distinto, donde se denuncie, para afuera y para adentro, la irresponsabilidad de la toma de la deuda, el incumplimiento de sus objetivos y la posterior fuga de miles de millones de dólares. Un sector de la coalición gobernante entiende que se perdieron dos años de posicionamiento político, que hubiera dado un respaldo social y geopolítico distinto a la hora de arribar a un consenso con el organismo. La aceptación, sin revisión de la deuda contraída por Cambiemos, condicionó los márgenes de negociación para la consecución de un resultado final más satisfactorio. El reclamo de fondo, como afirman algunos medios, no es el no pago de la deuda, como tal vez piden los sectores alineados en el Frente de Izquierda, sino se trata de la conducción política del proceso de discusión y concertación con el FMI.
La renuncia de Máximo Kirchner, como presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, puso en la superficie de manera más cruda ese debate, necesario e inevitable, en cualquier frente político con ideas serias de acumulación y construcción de poder. El epicentro de la deliberación, como se dijo anteriormente, no está puesto en la falsa dicotomía de pagar o no pagar, sino que se encuentra en lo perfectible de la solución técnica y en la decisión que aquello esté por encima de la dirección política. No sirve allí, como algunos actores lo plantearon, la comparación técnica con el 2005 y el 2006, cuando el ex presidente Néstor Kirchner canceló la deuda con el organismo, porque el escenario político claramente fue distinto, pero además la conducción de ese proceso para tener mayor independencia en las decisiones estructurales lo fue mucho más.
Los números del acuerdo
El déficit fiscal es otro de los ejes de debate al interior del Frente de Todos, respecto al grado de presencia del Estado, presupuesto, recursos el fortalecimiento de políticas públicas, con el propósito de la recuperación de la economía, y especialmente del bienestar de los sectores trabajadores y productivos, que sufrieron las múltiples consecuencias del Coronavirus. En el acuerdo conseguido, se establece para este año un déficit de 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que se fija un 1,9% para 2023 (cuatro décimas más de lo que pedía el FMI) y un 0,9% para 2024. Sobre la emisión del Banco Central al Tesoro, otro de los títulos de batalla de la ortodoxia económica, el convenio define un financiamiento del 1% del PBI para este año, del 0,6% para 2023 y cercana a 0% para 2024. Tanto Fernández como Guzmán dijeron que esas metas no tendrán efectos en las jubilaciones, en reformas laborales ni en ajustes, hacia la tan ansiada llegada del crecimiento económico que mejore los bolsillos y las mesas argentinas. Los subsidios a la energía y la inflación son otros elementos donde habrá varios capítulos de análisis, más aún luego de un cierre anual superior al 50%, sobre un acuerdo que alejó los fantasmas de default para el país. Los sectores más cercanos al Presidente cuestionan que la decisión de un presidente de bloque conlleva responsabilidades hacia la gobernabilidad y el robustecimiento del Frente, mientras desde que desde el entorno de Kirchner creen que justamente es porque ese cargo amerita la consecución de consensos con una clara defensa de la estrategia elegida por el Gobierno respecto a las negociaciones con el FMI.
La falta de conducción nacional de Juntos por el Cambio trajo dolores de cabeza a la principal alianza opositora, y el debate sobre el acuerdo con el organismo financiero no es la excepción. El radicalismo y la Coalición Cívica, salvo alguna voz disidente, aparentan la postura de acompañar el consenso obtenido, mientras que el PRO se divide entre halcones y palomas, que es la discusión de fondo entre las aspiraciones de Patricia Bullrich, la resistencia de permanencia de Mauricio Macri y las pretensiones de Horacio Rodríguez Larreta hacia 2023.
Mirada geopolítica
Por estas horas, Alberto Fernández mantiene un encuentro junto a su par chino, Xi Jinping, en una gira internacional que incluyó como primer destino a Rusia, donde se reunió con Vladimir Putin, con críticas al FMI y definiciones sobre la necesidad de liberarse de la dependencia de Estados Unidos. Toda una gestualidad luego del anuncio de acuerdo con el FMI, en un mundo multipolar, donde el esperado triunfo de Lula da Silva en Brasil puede transformar el mapa regional, la manera de vincularse entre los países latinoamericanos, y en consecuencia de relacionarse con Estados Unidos y Europa como bloque.
La pelota en su cancha
Tras el regreso del Presidente, serán días de definiciones hacia la convocatoria de Sesiones Extraordinarias, para que el Congreso debata un listado de 18 temas que incluyen la Ley de Enfermería, la creación de universidades, la aprobación del Consenso Federal firmado con las provincias, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, la creación de Parques Nacionales, la Ley de Promoción de la Electromovilidad, y el marco regulatorio de la producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis. Ya con el diputado Germán Martínez, como nuevo presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, la concreción de la sesión será un ensayo general para la realización de los consensos necesarios para la sanción del acuerdo reciente con el FMI, que se tratará ya en sesiones ordinarias, luego del 1 de marzo.
Con el desafío de cohesión interna y de reconstruir la apoyatura social, el Gobierno debe accionar para honrar el contrato electoral, donde la economía sigue siendo la deuda principal.
