Por Fanny Maidana (*)
La pandemia de Covid-19 hace crujir las estructuras de un mundo en crisis. Nos ha enfrentado a lo que el economista Nassim Taleb denomina “Cisne Negro”: un hecho inesperado e improbable que irrumpe con impactos tan fuertes e importantes que solo pueden ser analizados haciendo una retrospección que nos permita comprender las razones y causas del suceso.
La crisis no se restringe sólo a la política económica y sanitaria. También ha profundizado desigualdades a nivel global y puesto en jaque el rol del Estado, sobre todo, del Estado democrático.
El Informe Latinobarómetro 2021 (latinobarometro.org) muestra que un 49% de los entrevistados de la región apoya la democracia, mientras que el 27% se manifesta como indiferente respecto del tipo de régimen que evalúa como mejor y un 13% dijo preferir el autoritarismo.
Este Informe se realiza periódicamente hace 25 años y en su última edición consideró un total de 20.204 entrevistas realizadas en 18 países de América Latina durante el último cuarto de 2020. Reconociendo su valor estadístico, es importante aclarar que considera países muy dispares entre sí, donde la evaluación sobre la democracia también lo es. Por ejemplo, en Uruguay, un 74% de los entrevistados se autodefinen prodemocráticos, mientras que en Honduras solo el 30% se manifiesta a favor de este régimen político.
Sin embargo, el panorama que plantea se corresponde con lo que el Barómetro de Confianza de Edelman 2021 también indica a nivel global. Este índice reporta una caída en la evaluación pública de las democracias, la cual se debe mayoritariamente al manejo de la pandemia.
Ante este cuestionamiento de la democracia, ¿puede la pandemia de Covid-19 plantearse como una oportunidad para repensar la vinculación del Estado con la ciudadanía? ¿Es posible empoderar a los ciudadanos y otorgarles un rol de colaboradores de la gestión de lo público? Seguramente, si y la respuesta nos lleva a un punto de partida: Gobierno Abierto.
Y por casa, ¿cómo andamos?
Las estrategias en la materia tienen más de una década y han sido ratificadas a través del Acuerdo para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral iniciada en 2011. Naciones Unidas también lo incluye entre las premisas de los Objetivos del Desarrollo y la Agenda 2030. ¿El motivo? Las políticas de Gobierno Abierto son evaluadas como mecanismos para promover instituciones eficaces y transparentes, basadas en la rendición de cuentas y como instrumentos para garantizar decisiones participativas y representativas.
A nivel nacional, Argentina se encuentra ejecutando el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2022, compuesto por 18 compromisos que buscan transparentar el presupuesto y la obra pública, garantizar el acceso a la justicia, fomentar la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo, promover la ESI, propiciar un Congreso Abierto, entre otros puntos.
En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet, durante su mensaje de asunción ante la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2015, expresó que había que administrar mejor el Estado, sus recursos y el control de los resultados de la gestión. También habló de transparentar la administración y mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos mediante el desarrollo de plataformas y aplicaciones y la digitalización de los expedientes con incorporación de firma electrónica.
Cabe recordar que la Carta Magna provincial en su Artículo 13 garantiza el derecho de acceso gratuito a información pública completa, veraz, adecuada y oportuna, que muy pocas provincias tienen constitucionalmente reconocido. No obstante, las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales (Ley N° 3886) siguen presentándose en sobre lacrado y solo se puede acceder a ellas mediante orden judicial, mientras que el acceso a la información pública (Decreto 1169/2005) tiene un carácter pasivo, es decir, solo si efectúa si existe una solicitud explícita de acceso a la información.
Desde 2017, la Secretaría de Modernización de Entre Ríos se encuentra adherida al Compromiso Federal para la Modernización del Estado y, mediante Decreto N° 3133/2017, se aprobó el Plan de Modernización del Estado que tiene como principios rectores calidad, participación, transparencia e innovación y que actualmente se encuentra en ejecución.
Sin embargo, el mayor camino a recorrer en materia de apertura de datos, modernización y participación –paradójicamente– está en el plano local. Y es paradójico porque los municipios son el ámbito más directo de vinculación de la ciudadanía con el Estado.
Pocos pero valiosos ejemplos
Aunque existen algunas experiencias que reflejan una visión más estratégica de Gobierno Abierto en ciudades como Crespo, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, queda mucho para trabajar en los gobiernos locales de Entre Ríos: desde transparentar la ejecución presupuestaria, regular declaraciones juradas con carácter público, desarrollar presupuesto y programas participativos, hasta ofrecer portales de datos abiertos, ampliar la oferta de trámites virtuales y muchas otras alternativas que se pueden incluir bajo el concepto de Gobierno Abierto. Sumado a esto, el avance de las nuevas tecnologías y las posibilidades que brindan herramientas como los Contratos Inteligentes, hacen que se amplíen las maneras de concebir y de relacionarse con el Estado.
El “Cisne Negro” está entre nosotros hace ya un par de años. Este evento inesperado debe (re)significar roles, tareas y formas de articulación Estado-ciudadanía. Como lo propone la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo, una estrategia de Gobierno Abierto demanda que actores públicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y también de los individuos se involucren, cada uno aportando desde su rol cotidiano.
(*) Licenciada en Ciencias Políticas. Primus Consultores.
