El Gobierno evalúa qué decisión tomar frente a la caducidad de dos medidas que surgieron como herramientas de emergencia: el decreto que establece la doble indemnización y el que prohíbe suspender o despedir personal por motivos económicos.
Si bien en el Ministerio de Trabajo anticiparon que la definición se tomará cuando se acerque la fecha de caducidad de los decretos, el 31 de diciembre próximo, la postura más firme hasta el momento es la de adoptar un mecanismo de flexibilización que, sin liberar abruptamente el «cepo laboral», contribuya a generar gradualmente una normalización.
En el caso de la doble indemnización hay dos mecanismos que permiten una salida progresiva. Por un lado, una reducción del porcentaje de indemnización «extra». Del 100% que se cobra actualmente por encima de la indemnización reglamentaria, se podría bajar, por ejemplo, al 50%. Este fue el modelo de salida del esquema que usó el exministro Carlos Tomada en 2004.
La segunda opción es un mecanismo de baja gradual del “techo”. Esta parece ser la elegida por el actual ministro Claudio Moroni, dado que ya se dio un primer paso en este sentido al incluir en la renovación de enero pasado un valor tope de $500.000 para las indemnizaciones. Así, el tope podría volver a bajar y ubicarse en $300.000 o $200.000.
En cuanto a la prohibición de despedir, la salida gradual es un poco más compleja de instrumentar. Hoy la forma de desvincular a un empleado o empleada implica llegar a un acuerdo común entre las partes respaldado por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que implica una extinción de su contrato por mutuo acuerdo. De otra manera, el empleado puede ir a la Justicia y obligar a la empresa a reincorporarlo. Por este motivo es que los retiros “voluntarios” fueron la herramienta con la que las empresas gestionaron sus plantillas durante los últimos dos años. Una posibilidad para evitar la salida abrupta en este frente es ampliar las razones por las que se permiten las desvinculaciones. Flexibilizarlas en algunos casos puntuales como, por ejemplo, el cierre de locales o habilitarlas en los casos en que se mantengan por debajo de determinado porcentaje de la planta total de trabajadores.
