Carlos Heller
Todos los días se conocen nuevos datos que muestran los avances que hay en el proceso de recuperación económica. Números que no son obra de la naturaleza: obedecen a la existencia de políticas públicas que en lo peor de la pandemia trataron de proteger el aparato productivo y que ahora siguen privilegiando la demanda interna y la generación de trabajo local. Para este año se estima que el crecimiento estará cerca del 10%, un valor que ya hace tiempo me animé a anticipar. En la semana aparecieron noticias indicando que las ventas de septiembre en los supermercados y mayoristas, en términos reales, se incrementaron un 5,2% respecto de igual mes de 2019; que los créditos al sector privado en pesos crecieron en el tercer trimestre del año un 1,9% (quitando el efecto de la inflación); y que la industria electrónica cerrará el año con aumentos en la producción y ventas, alcanzando niveles de 2019. El indicador de actividad industrial de FIEL registró en octubre una suba del 0,8% respecto de septiembre (sin estacionalidad). Por su parte, según el Centro de Estudios para la Producción (CEP), en octubre había un 3,7% más de trabajadores formales en la industria (unos 42 mil) que en diciembre de 2019. Es decir, varios indicadores (y estos son sólo unos ejemplos), por encima de los niveles que dejó el gobierno macrista. Con respecto al sector externo, el Banco Central flexibilizó el acceso a dólares para financiar la importación anticipada (hasta 270 días) de bienes de capital por hasta 1 millón de dólares, que por ejemplo favorece a las pymes industriales que necesitan equipamiento. A pesar de que se trata de una clara muestra de apoyo a la actividad de las empresas, las primeras planas pusieron el foco en otra norma: la que establece límites al financiamiento en cuotas con tarjeta de crédito para la compra de pasajes, alojamiento, alquiler de auto y otros servicios turísticos en el exterior. No se está impidiendo que se viaje a otros países, solo se desincentivan ciertos consumos en dólares. La medida es totalmente razonable y se da en un contexto de grandes esfuerzos que realiza el Estado, entre ellos el del Previaje. El país tiene un problema concreto de balanza de pagos —ocasionado en gran parte por la deuda que existe con el FMI— y es imprescindible priorizar el uso de las reservas para garantizar el proceso de crecimiento productivo y del empleo que está en marcha.
