El Jurado de Enjuiciamiento reunió los votos necesarios para abrir causa a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
Pagliotto y Mulet también denunciaron al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, pero el Jurado de Enjuiciamiento decidió, primero, resolver una cuestión de forma: si es competente para juzgar el desempeño de García o su caso debería ser tratado en un proceso de juicio político. Precisamente, esa duda fue planteada por el Procurador en su descargo, en el que afirmó que hay una «laguna jurídica» al respecto.
Según consignó Entre Ríos Ahora, tres fuentes consultadas, una de ellas que integra el Jurado de Enjuiciamiento, confirmaron que se reunieron los votos necesarios para abrirle una causa a la Procuradora Adjunta. El cuerpo está integrado por siete miembros: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, y Claudia Mizawak, el senador provincial Armando Gay, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y los abogados Luis María Campos y Sonia Rondoni. Sin embargo, las fuentes difieren respecto del número de votos que se inclinarían por abrir causa: hay quienes dicen que son 4 a 3; otros, dicen 5 a 2. Lo cierto es que la votación de los jurados todavía no concluyó: resta el pronunciamiento del diputado Gustavo Zavallo, el último en votar. El 30 de julio último se conoció la presentación de Pagliotto y Mulet ante el Jurado de Enjuiciamiento con sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus funciones mientras dure la investigación- del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.Para entonces, Goyeneche ya tenía una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento formulada por el abogado Carlos Reggiardo, que ya intentó, sin éxito, remover al Procurador. En un texto de 100 páginas, Pagliotto y Mulet desarrollan sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios.
A Goyeneche le endilgan su participación en la causa Contratos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados, y Jorge García por falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de “no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación” de la causa, de donde surgía “que tenía intereses”, comportamiento omisivo que también encuadraría en mal desempeño en sus funciones.
Acusación
La acusación dice: que el 7 de diciembre de 2018, en ocasión de llevarse a cabo ante la jueza María Carolina Castagno la audiencia pública y videograbada para tratar el recurso de apelación deducido por las defensas técnicas de los ciudadanos imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure con motivo de haberse dictado la prisión preventiva de ambos por parte de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, “la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, fungiendo a unísono de Fiscal Anticorrupción (designada por el propio Procurador General), enfáticamente niega, a la vista y oídos de todos, tener vínculos comerciales o societarios de ninguna naturaleza con el imputado en esa causa, contador Pedro Eduardo Opromolla”, a raíz de una nota periodística en la que se daba cuenta de que Opromolla y la fiscal Adjunta eran copropietarios de departamento en calle 9 de Julio de Paraná, “lo que la Dra. Goyeneche atribuyó enfáticamente a una furibunda campaña de desprestigio montada contra los investigadores de este caso por parte de las defensas y ciertos medios de prensa, habiendo usado en la ocasión la estridente frase: ´Es falso su señoría´”.
Pagliotto y Mulet sostienen en su escrito que se pudo acreditar que “la mendaz y negadora Procuradora Adjunta, no será socia, copropietaria o condómina en una sino en dos propiedades, con lo cual, al inmueble de calle 9 de Julio Nº 165 se le sumaba un departamento del fideicomiso Baucis, emplazado en calle La Paz”, de la capital entrerriana.
