Jueces estuvieron presentes en la cárcel tras la muerte de Bertunivent.
El suicidio de Oscar Bertuni, único sospechoso del femicidio de la docente Noemí Guadalupe Suárez, ocurrido el domingo 26 de octubre, en Cerrito, poco después de haber ingresado a la Unidad Penal N° 1, el lunes 27, lugar al que había sido enviado para cumplir prisión preventiva por 60 días, tras un acuerdo al que habían llegado los fiscales Fernanda Rufatti y Cristian Giunta con el defensor oficial Jorge Balbuena, refrendado por la jueza de Garantías, Elisa Zilli, derivó en una visita sorpresiva a la Unidad Penal por parte de los tres vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia.
La docente, de 51 años, integraba el equipo directivo de la Escuela Primaria N° 68 Hernando Arias de Saavedra, de Hernandarias, fue hallada muerta por sus familiares la mañana del domingo 24 del actual en su vivienda de calle Lavalle al 800, de Cerrito.
La hipótesis que maneja la Justicia es que se trató de un femicidio, y por el hecho quedó detenido la expareja de la mujer, Oscar Bertuni, de 54 años. La Fiscalía había pedido la prisión preventiva ante los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga, y adelantó la pena máxima, perpetua, a pedir en un procedimiento de juicio por jurados.
Luego de ese hecho, la Sala Penal del STJ se constituyó este lunes 1° de noviembre, sin previo aviso, en la Unidad Penal Nº 1 Juan José O’Connor de Paraná. Fue en virtud del informe que la Sala solicitó al delegado penitenciario Claudio Fabri con motivo del fallecimiento de Oscar Omar Bertuni.
Al anunciarse ante la guardia de la Unidad Penal, las autoridades judiciales fueron recibidas por el director de la institución, prefecto Octavio Ifrán; el subdirector, oficial Carlos Palacios y el jefe de la División Tratamiento, alcaide Esteban Franco.
Luego de informar el motivo de su presencia, Giorgio, Mizawak y Carubia solicitaron que se los conduzca hacia la «celda de guardia externa», lugar donde fue encontrado sin vida el imputado Bertuni.
Ifrán detalló que en la oficina de guardia externa ingresan los internos y reciben la primera atención, para luego ser llevados a sanidad (a pocos metros) y posteriormente se los aloja de manera transitoria en las “celdas de guardia externa”. En las mismas, de acuerdo al relato del funcionario penitenciario, se trata de entrevistar al interno para interiorizarse sobre la causa judicial y si tiene algún tipo de interrelación con algún otro interno, a fin de definir dónde se lo alojará.
De acuerdo a lo observado por los vocales del STJ hay dos celdas de guardia externa, que según Ifrán, también son utilizadas cuando hay algún inconveniente entre los internos en los pabellones. Dijo que se los aloja ahí hasta que se defina su traslado y detalló que en el lugar había una cama cucheta, debido a muchas veces algún interno debió pasar la noche en esas celdas por problemas de convivencia.
Luego Giorgio, Mizawak y Carubia fueron acompañados hacia el «sector de aislamiento», lugar donde son alojados los internos que registran problemas de convivencia, y que la mayoría han cumplido más de una condena.
Ante la pregunta de la vocal y los vocales, Ifrán señaló que actualmente en la unidad penal hay aproximadamente 870 internos y que ese número varía muchas veces.
Asimismo, expresó que hubo muchas externaciones y traslados a otras unidades, habiendo muchos internos que se encuentran con prisión domiciliaria. Y detalló que el 70 por ciento de los internos fueron vacunados contra el Covid 19, con las dos dosis, aunque la vacunación depende de la voluntad del interno.
Los integrantes de la Sala Penal también consultaron respecto del protocolo para el uso de celulares por parte de los internos, e Ifrán señaló que en el mismo se establece que el entorno familiar tiene que traer el teléfono, acreditar su propiedad, dejarlo depositado en la guardia y, cuando el interno sale al recreo, se le entrega el dispositivo y puede comunicarse con su familiar en ese horario, debiendo devolver el aparato cuando termina el recreo.
Ante una consulta de Mizawak el director de la unidad penal precisó que no hay inhibidores de señal porque se instalaron hace algunos años en los laterales de la cárcel, pero que no funcionaron ya que contaban con tecnología 3G y es muy costoso instalar otros con la potencia suficiente para inhibir una señal.
Al respecto la vocal recordó que en agosto pasado se recepcionó en la Sala un informe remitido por la Jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, dando cuenta de la cantidad de celulares que se encontraron en la Unidad Penal y de las llamadas que se hacían hacia afuera.
Se le hizo saber al director de la unidad penal que se trata de una actividad absolutamente irregular, y sobre todo para quien tiene la función de custodiar y controlar, entendiendo que, dado que se ha desarrollado tecnología en este año y medio, se podrían volver a gestionar los inhibidores de señal. Ante eso Ifrán reiteró que le han manifestado que es muy costosa la adquisición de esos inhibidores.
También recorrieron los puestos de Sanidad (donde trabajan cinco médicos), Farmacia y Área de Monitoreo y Seguridad.
Tras una apreciación personal y directa de los distintos sectores que conforman la Unidad Penal, la Sala Penal elaborará las conclusiones correspondientes y recomendaciones del caso en relación a lo observado y será puesto a discusión en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia en pleno.
