Fue a través de su Consejo Participativo, que sesionó en Concepción del Uruguay, en el marco de los actos por los 50 años de la obra social.
En el salón de la Seccional Río Uruguay del Sindicato de Dragado y Balizamiento se llevó a cabo ayer por la mañana el primer encuentro presencial, después de la pandemia, del Consejo Participativo del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) como parte de las actividades en adhesión a su 50° aniversario y con los debidos protocolos de bioseguridad. Se trató de la apertura de una serie de reuniones que mantendrán las autoridades con los integrantes de los Centros de Jubilados y Pensionados de la costa del Uruguay.
Se trata de 66 unidades activas a las que se visitó y procuró escuchar y acompañar en sus planteos. El acto fue presidido por el director de la Unidad de Gestión Local (UGL) 34, Sergio Bertelotti, junto a la coordinadora ejecutiva, Cristina Verón; al de Políticas Sociales, Leandro Trupiano; y al jefe de la Agencia local, Fernando Barón Sastre. Con ellos estuvo también el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva.
Uno de los propósitos fue interiorizarse sobre la realidad de los Centros –en este caso de los departamentos Uruguay y Colón- e impulsar cambios, mejoras y propuestas sociales “fundamentales” en la vida y la salud de los llamados “aliados estratégicos”, en lo que hace a la recuperación de las actividades después de un período de inactividad, decidido como consecuencia de la pandemia, a fin de proteger a los afiliados. Se trata de un “desafío para una vuelta cuidada hacia la presencialidad en plan de retomar y afianzar el vínculo con las organizaciones”. Al respecto, Sergio Bertelotti admitió que, cuando se asumió la conducción, se tenían en mente varios proyectos, siempre en pos de mejorar la prestación del servicio del PAMI, cuestión ésta que se vio demorada por la realidad sanitaria de la Argentina y el mundo.
El funcionario dijo que el panorama de este año es más ordenado que en 2020, teniendo como norte “la salud de los adherentes”. En ese sentido, se consignó que se destinan recursos para asistir a los centros de jubilados y financiar los eventos que se harán en el mediano y largo plazo.
Al referirse al tema, el titular de la UGL aseveró que se tiene planificado el regreso de Universidad para Adultos Mayores Integrados (Upami), en base a un trabajo asociativo con las Universidades Autónoma de Entre Ríos (Uader), de Concepción del Uruguay (UCU) y Nacional de Entre Ríos (UNER). El programa contribuye a la parte intelectual, espiritual y social de los adultos mayores.
Por su parte, Martín Olivia valoró la labor desarrollada por los establecimientos de atención -entre ellos el Hospital Justo José de Urquiza- como por los organismos como el PAMI durante la crisis sanitaria al brindar respuesta, asistencia económica y cobertura médica, más aún “cuando el riesgo a la enfermedad haya estado e incluso hoy esté tan expuesto”.
Los orígenes
El PAMI surge indirectamente el 13 de mayo de 1971, a través de la ley 19.032, se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en un intento por dar respuesta a un problema que afectaba a la denominada tercera edad: la falta de atención médica y social por parte de sus obras sociales de origen.
Fue un pionero en la asistencia a los mayores ya que por aquellos años no existían cátedras de medicina ni tampoco se planteaban políticas globales de salud para la tercera edad. De allí el rol histórico que cumplió el organismo.
El Instituto contó, como centro de su accionar, con el llamado Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que, en sus primeros años, funcionó para los afiliados domiciliados en la Capital Federal. Con los años, la sigla se convirtió en el ícono que identificó a la obra social de los jubilados y pensionados. Desde sus inicios se plantearon discusiones sobre si el PAMI era un organismo de carácter público o privado. El origen de sus aportes provenientes de los propios jubilados y de los trabajadores en actividad definió su naturaleza jurídica y la Procuración General del Tesoro tomó una decisión al señalar que “el Instituto es persona de derecho público no estatal”.
