La sociedad aumenta el pedido de mano dura para jóvenes que no terminaron de formarse como personas.
Por: Matías Dalmazzo
En los últimos meses se dieron cuenta de gran cantidad de menores de edad que protagonizaron diversos hechos de inseguridad, entre robos y agresiones a mano armada. Habitualmente, luego de ser detenidos por la policía y de haber intervenido la justicia, estos niños, niñas o adolescentes suelen ser entregados a sus padres.
Esta actualidad genera un debate eterno en la sociedad, que también está enquistado en el inconsciente colectivo de la ciudad, ya que se escuchan muchas voces donde lo que priman son los pedidos de mano dura, contra personas que aún no han terminado de desarrollarse como personas y mucho menos intelectualmente.
Sin la intención de estigmatizar y mucho menos de justificar el accionar delictivo de las personas menores de edad, La Calle reflexionó al respecto con Juliana Garay, responsable de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que debido a su trabajo suele mantener un contacto estrecho con los menores de edad detenidos por tener conflicto con la ley penal.
En primera instancia y ante una consulta de este medio, Garay reflexionó sobre la falta de presencialidad escolar a causa de la pandemia y su posible relación con el aumento de la delincuencia juvenil en la ciudad: “No tengo una estadística específica, pero lo que puedo evidenciar charlando con los chicos que están en conflicto con la ley penal, la gran mayoría no está dentro del circuito formal de educación. Habría que ver los motivos por los cuales dejaron la escuela”.
“Justamente uno de los ejes de intervención que tiene el COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) con el programa de libertad asistida, destinado a los chicos que cometen delitos, es la reinserción del sistema educativo, ya sea formal o informal”, agregó la entrevistada.
“Esto tiene estrecho vínculo con la vulneración de derechos que han tenido estos niños o adolescentes que están en conflictos con la ley. Para los que no vuelven a la escuela, también existe la posibilidad de estudiar un oficio y así intentar una reeducación para la reinserción social, teniendo en cuenta la edad que tienen, ya que atraviesan un proceso evolutivo de formación de personas como ciudadanos”, precisó Garay.
“No hay un tipo de niño, niña o adolescente que está en conflicto con la ley penal. Hay algunos que reúnen estas características y provienen de diferentes ámbitos: clase económica baja o media, grupos familiares con o sin antecedentes y familias presentes o ausentes. También podemos hablar de diferentes tipos de familias, no la que se suele asociar con madre y padre. Es variado el universo, no hay un patrón común en niños, niñas o adolescentes que esté en permanente conflicto con la ley penal en Concepción del Uruguay”, puntualizó la responsable de la comisaría que suele abordar estos casos a diario.
“El tema de los niños, niñas o adolescentes que están en conflicto con la ley penal es bastante complejo; ya que cada situación es particular y está atravesada por un montón de circunstancias. La legislación en Entre Ríos en cuanto a este tipo de situaciones en líneas generales establece que esos chicos sean entregados a sus responsables legales, pero también prevé medidas de coerción donde momentáneamente pueda ser privado de su libertad, en diferentes centros o con prisión domiciliaria”, contó Garay.
Muchas veces se suele asociar la delincuencia juvenil a la falta de presencia familiar que sirvan de patrón de conducta: “Es muy complejo decir si estos jóvenes están contenidos o no, yo te diría que si un chico entra en conflicto con la ley penal, ya ha sido vulnerado previamente en un montón de derechos y lamentablemente llega a ese punto. Esto depende de cada caso particular y se debe analizar pormenorizadamente”, finalizó la uniformada.
